En un país como Colombia, en medio de tanta desigualdad, ser congresista no debería ser sinónimo de enriquecimiento, pero casi lo es. Basta ver las millonadas que se gastan los aspirantes en las campañas electorales de cada cuatro años. Todo por obtener una curul que cambie no el destino de una región o del país, sino el propio o el de una camarilla. Y, ojalá fuera solo a través de los sueldos extraordinarios, pero lamentablemente la cosa no se queda ahí, dada la influencia que los parlamentarios pueden tener en la asignación de contratos y el manejo de nóminas, donde está la plata grande, el gran poder.
Eso, sin duda, debe cambiar, pero para hacerlo se necesitan reformas que varias veces han fracasado porque pasan por las manos de los mismos parlamentarios. Ahí es donde se ve con más claridad la solidaridad de cuerpo que suele haber entre ellos. Alguna manera encuentran siempre para no perder ni los sueldos privilegiados, ni su capacidad de influencia en diversos negocios.
Ahora, por ejemplo, con el aumento salarial de 1,7 millones de pesos mensuales -retroactivo a enero de 2020, además- que el Gobierno dice haberse visto «obligado» a decretar para los congresistas en plena época de pandemia, varios partidos han salido a decir que van a rechazarlo o, si eso no se los permite la ley, a destinarlo a una obra social. ¿Gesto bonito? Sí, pero eso no acaba de raíz con el problema. En el próximo diciembre recuperaran lo perdido con otro aumento y todo volverá a ser como antes. Esos 32 millones de pesos que recibía cada mes cada congresista, o los 34 millones que obtendría con el aumento, seguirán siendo una cifra muy alta en el contexto latinoamericano e incluso mundial. Y, sobre todo, una ofensa para el resto del país.
La alternativa para ponerle coto a ese despropósito salarial no está en el Senado y la Cámara, ni en el Gobierno, sino en la gente. En una consulta popular. Se sabe ahora que, a través de una acción de tutela, un grupo de congresistas de izquierda está buscando que los siete puntos de la consulta anticorrupción de agosto de 2018 sean reconocidos como válidos. Uno de ellos, el congelamiento el salario de los parlamentarios.
El argumento es que al momento de votar la consulta hubo errores en el cálculo del censo electoral y la aprobación de los puntos requería menos votos de los que inicialmente se calcularon. Si la tutela prospera, los legisladores se verían obligados a aprobar una reforma para reducir su salario. Sin embargo, se ve difícil que esa acción judicial tenga éxito dos años después. Y si el tema pasa de nuevo por el Congreso, es posible que este se invente algo para no salir tan afectado.
Una vía con más posibilidades sería un referendo, con el riesgo de que a la popular idea de reducir o congelar la remuneración de los congresistas la acompañen otras no tan buenas que se conviertan en hechos «chupándole rueda» a la primera. Ahí ya está el uribismo moviendo el tema, pero colgándole de una reducción del mismo Congreso, una reforma a la JEP y una unificación de las cortes, tres cosas que al sol de hoy medio país no ve como necesarias o convenientes.
Si tuviéramos políticos que realmente pensaran en los intereses del país y no en los propios, ese referendo podría concentrarse en reformar solo el Congreso, que es origen de muchos de los desequilibrios y desafueros de la política. Planteo solo uno: ¿cómo es eso de que un tipo que siempre ha hecho política en la Costa y nunca ha ido a Puerto Asís sale elegido con votos del Putumayo? ¿Serán votos de verdad o comprados? Tampoco se entiende por qué hay regiones del país sin senadores. Hay que recuperar la representación regional del Senado.
La reducción de los sueldos de los congresistas -que este año además cobraron altos gastos de representación sin salir de sus casas- es necesaria. Pero, como dije antes, ahí no está la tajada grande que buscan. Está en los contratos, el tráfico de influencias y el manejo de nóminas que alcanzan muchos de ellos. Eso también requiere de medidas anticorrupción, incluidas algunas limitaciones de gasto para que no haya danzas millonarias en las campañas electorales, ni escándalos como el de Aida Merlano. Así se lograría una mejor representación social del país en las cámaras, un poder legislativo más democrático. En fin, se necesita una remodelación del Congreso que renueve la política en Colombia.
