El gobierno Duque anunció la creación de un nuevo comando antinarcóticos compuesto por 7 mil hombres que promete resultados contables pero no transformadores. Cabecillas serán capturados, laboratorios destruidos y más coca será decomisada. Pero con 50 años de la misma guerra contra la droga, los resultados son predecibles: nuevos cabecillas aparecerán y seguiremos siendo el primer exportador de cocaína en el mundo.
En la medida en que el gobierno reforma sus técnicas militares en contra del narcotráfico, falla en impulsar proyectos estructurales para atacar al problema de raíz, que es la falta de oportunidades, la falta de educación y la falta de Estado.
Descarto la legalización de la producción de drogas por ahora. Vale la pena comenzar ese debate pero va a tardar mucho, especialmente en una sociedad conservadora, y con la presión de Estados Unidos. Además, sin la legalización del consumo en el mercado internacional, la producción legal traerá sus propios problemas de contrabando y diplomacia.
Mientras la droga siga siendo prohibida dentro y fuera de Colombia, es natural que el Estado busque defender la ley a través de la Fuerza Pública. Descuidar la defensa sería entregar el país a la criminalidad, una pesadilla de los años 90 que no queremos repetir. Pero además de atacar al narco, el gobierno debe defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. De lo contrario, la ilegalidad triunfará en las regiones marginalizadas.
A estos actores armados no les conviene el progreso ni la educación, porque este empodera a la sociedad civil y reduce su capacidad de reclutamiento. El acuerdo de la Habana contempló esta dinámica y priorizó 170 municipios para impulsar el desarrollo -los llamados PDET. De la misma manera, Duque inauguró las Zonas Futuro, que buscan articular la militarización con el fortalecimiento de las instituciones públicas en cinco subregiones del país.
Resulta crucial que esas promesas no se queden en el papel. Las Zonas futuro por ahora solo están andando en el Pacífico Nariñense, y los recursos de los PDET, aunque incrementaron en 2021, sólo representan el 1.52% de lo que se debería invertir anualmente para cumplir con el acuerdo de paz.
En esta pandemia, hay voluntad para que el presupuesto público se use en fomentar proyectos transformadores. El Presupuesto General creció este 2021 para mitigar la recesión económica, con una cifra récord en la inversión pública de 58,5 billones. Lo mismo y más se espera en los años venideros.
Las obras que requieren mano de obra intensiva serán cruciales para reducir el desempleo, como la vía Barranquilla-Cartagena y el metro de Bogotá. En estos momentos, el gobierno de ahora y el que viene le deben dar la cara a las regiones sumidas en el narcotráfico, no sólo con militares sino con escuelas, vías y oportunidades de trabajo. Los colombianos no debemos dejar que el discurso de la guerra sea utilizado para ganar nuestra aprobación. Apoyar la mano firme en el pueblo ajeno es a menudo un acto de antipatía e ignorancia. Especialmente cuando el plan consiste en pura presencia militar y olvida traer los comandos de jueces, maestros, constructores y otros agentes de cambio.
