La Suprema Corte de los Estados Unidos es el único órgano que mantiene su independencia del Gobierno de Joe Biden, pero que ahora se ve amenazada por acciones políticas que los demócratas adelantarán, para quedarse con las mayorías en la justicia y lograr el control absoluto de todo el sector público americano.
Cuando Amy Coney Barrett fue nombrada como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, los demócratas aseguraron que una vez tomaran el poder promoverían una reforma para ampliar el número de magistrados. De alguna manera, estaban seguros que ganarían las elecciones presidenciales, las elecciones del Senado y las elecciones de la Cámara, así que no podían permitir que el poder judicial estuviera exento de su control.
Actualmente, el Gobierno demócrata controla los grupos de poder americanos. Maneja el poder ejecutivo, el poder legislativo, la prensa, las empresas de tecnología y la bolsa de valores de Nueva York. Tienen un poder casi absoluto. La cultura de la cancelación ha sido un arma que les ha permitido anular a la oposición a su mínima expresión. Sin embargo, aún el proyecto de gobierno no está completo, mientras el máximo órgano judicial se mantenga independiente.
Hace unos días, Joe Biden nombró una comisión presidencial, para reformar la Suprema Corte de los Estados Unidos y ampliar de nueve a trece el número de magistrados que la integran. Esto permitiría que Biden pudiera nombrar a cuatro integrantes más y asegurar el control de los demócratas en ese órgano. Además, los reformadores han sugerido incluir dos modificaciones más, como poner un límite al mandato de los magistrados y eliminar por completo algunas facultades jurisdiccionales de la Corte.
Los intentos de reforma judicial en Estados Unidos pueden tener alguna vinculación con la interpretación que los partidos tradicionales otorgan al concepto de democracia. Algunos intentos de reforma se han presentado en escenarios con polarización partidista y crisis política, como sucedió en 1790, donde los federalistas, al mando de John Adams, ampliaron el número de magistrados en los tribunales federales, porque creían que los jeffersonianos amenazaban la democracia. También, en 1850 y 1860, ante la defensa que los demócratas del sur hacían de la esclavitud, los republicanos alteraron el tamaño de la Corte tres veces con el fin de asegurar que los jueces fueran nombrados por Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant.
Este proyecto de reforma judicial en Estado Unidos tiene relevancia en el mundo jurídico internacional. Desde el caso Marbury vs Madison, que se dio en el contexto de las disputas entre John Adams y Thomas Jefferson, un sector de los constitucionalistas asegura que la Suprema Corte americana marcó un hito de autonomía e independencia para los jueces en los Estados modernos.
La Suprema Corte es un obstáculo para el desarrollo de algunos proyectos de la izquierda americana, que de manera implícita pretende acabar con una Corte nacionalista. Ellos justifican su medida asimilando su realidad a la de Turquía, Polonia, Hungría, e India, respecto de los cuales, el Washington Post asegura que están controlados por líderes “antidemocráticos”, que usan el poder judicial para “socavar las normas e instituciones fundamentales de la democracia”. No obstante, esa es una afirmación genérica y sin fundamento, porque, a excepción del primero de esos países, los demás vienen siendo ejemplo de crecimiento económico, estabilidad política y armonía social para todo el mundo.
Este intento de reforma a una institución centenaria y prestigiosa como lo es la Suprema Corte de los Estados Unidos constituye un acto que debe seguirse de cerca, porque será un medidor de los alcances a los cuales están dispuestos a llegar los demócratas para imponer su agenda.
