Considerada como el conjunto de normas codificadas que el Estado, mediante los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. En la actualidad, este concepto al que todos conocemos como justicia se le ha visto coartado su principio debido a que la sociedad colombiana a conveniencia define los términos de su aplicabilidad.
Muchos pensaran que la libre decisión de la ciudadanía en hacer justicia se debe a los nuevos tiempos y la globalización en la que vivimos, pero no, en la mayoría de los casos las acciones que definen al ser humano, claramente, son el reflejo de la forma en cómo el Estado dirige, administra, distribuye y por último, pero muy lejos sanciona. Panorama que se evidenció a través de una encuesta realizada este año por la agencia global de comunicación Edelman, con experiencia en América Latina donde arrojó que Colombia, es el cuarto país que más desconfía de su Gobierno, de las 27 naciones que midió el barómetro.
Recientemente, se conoció la decisión de una sentencia que estremeció a diferentes sectores generando polémica en el país, y es el caso de la reconocida influencer, Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’, quien durante las protestas del pasado noviembre de 2019, se grabó generando destrozos a las instalaciones de TransMilenio, suceso que después de casi dos años concluyó por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, con la decisión de condenarla a más de 5 años de cárcel por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas; condena que aún no inicia.
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Hechos como este sin duda alguna deben ser sentenciados con el consciente, riguroso y sensato peso de la ley porque no se puede aplaudir actos vandálicos que vayan en contra del detrimento de bienes públicos cuando bastante les cuenta al bolsillo de los colombianos. El fin no justifica los medios pero este tipo de resultados muchas veces en nuestro país son las consecuencias que demarcan la notoria brecha social hacia la desproporcionalidad en la asignación de recursos transformándose en desigualdad económica y social haciendo de este país un lugar difícil de alcanzar la convivencia pacífica.
Claramente la desproporción, falta de oportunidades laborales y el desvió de recursos para sectores que no son prioridad hacen de Colombia, la nación de las mil maravillas. El premio a la eficiente gestión de los congresistas con la asignación de vehículos Mercedes Benz sin blindaje valorados en $350 millones de pesos es uno de los tantos detonantes que generan descontento en los sectores más desasistidos del país; sin dejar a un lado los de estratos más altos, regiones que aún en pleno año 2021, no cuentan con agua potable, pavimentación, padecen altos niveles de pobreza y desempleo que, a su vez, se transforman en inseguridad ampliando la brecha de la desigualdad. Y aunque lo de la petición del Congreso a la UNP aún no es un hecho no estamos muy lejos de lograr que el genio cumpla el deseo de los legisladores para su “seguridad”.
Otro de los sucesos que siguen afirmando que vivimos en el país de magos con el don de hacer lo imposible posible, es la reciente desaparición por arte de magia de los $70 mil millones del anticipo de un contrato asignado por el MinTIC, para llevar internet a siete mil colegios públicos del país. Escenarios como estos donde se evidencia el juego a conveniencia de algunas instituciones del Estado arrojan cifras como la caída en 5 puntos en el índice de confianza general, descendiendo del puesto 53 en el 2020 al 48 en el 2021, según la agencia global Edelman.
El país requiere de una transformación en el sistema judicial que condene no solo a influencers o personas del común que comentan delitos, sino que sancione, eficientemente, a quienes por años han desviado los recursos de los ciudadanos y llegan al poder para generar bienestar particular y no colectivo. La justicia debe ser fundamentada en nuestro sistema de leyes no en colores, credos ni partidos. Es necesario una sentencia justa para Colombia.
