El Eln se ha atribuido el ataque terrorista contra Policías del Esmad en Cali. Antes de que los elenos reconocieran su culpa, muchos en la izquierda radical sugerían que era un “autoatentado” o que detrás estaban el gobierno y el uribismo. La imbecilidad no tiene límites. A algunos el odio los ciega. A otros, cínicos, solo los mueve el afán electoral.
Desde el asesinato de los cadetes de la escuela general Santander, a pocos meses de empezar el gobierno, se vienen sucediendo hechos de violencia que prueban el fortalecimiento del Eln. Por un lado, ha sabido aprovechar espacios dejados por algunos frentes desmovilizados de las Farc y por la incapacidad del Estado de ocuparlos de manera efectiva. Por el otro, se metió de cabeza al narcotráfico y a la minería ilegal y con ello multiplicó su capacidad violenta. Hay quienes a pesar de todo insisten en que hay que negociar con los elenos. Sería un error monumental.
El argumento para no negociar con el Eln no es que no se puede hacerlo con terroristas. Esas negociaciones son usuales y ocurren en distintos momentos y circunstancias por parte de los más distintos gobiernos. En Colombia se han dado muchas y, salvo este de Duque, desde hace al menos cincuenta años no ha habido gobierno que no haya negociado con bandidos, desde cuando López Michelsen permitiera el renacimiento del Eln tras tenderle una tabla de salvación tras la operación Anorí. Miles de muertos ha traído semejante error histórico.
Las razones para no hacerlo son otras. Para empezar, que cuando las negociaciones no son la excepción sino la norma, los violentos aprenden que, más temprano que tarde, no habrá sanción para sus crímenes. Ha sido la lógica de las negociaciones en Colombia, saldadas todas con impunidad plena, excepto la de Uribe con las autodefensas, negociación que pasó por penas de prisión para los jefes “paramilitares”. El punto es que la generalización de la negociación es un estímulo perverso para la violencia y facilita su reproducción. Al menos en parte por eso en Colombia, a pesar de las múltiples negociaciones, persisten viejos grupos violentos y aparecen otros nuevos.
Por otro lado, porque en las circunstancias actuales, tras el pacto de Santos, el Eln querrá como mínimo las mismas condiciones que se le entregaron a las Farc. Y tal cosa no solo no es posible sino que es indeseable. Significaría ahondar los errores y graves consecuencias de ese acuerdo, tan mal negociado y con tan equivocados enfoques estratégicos.
Sobre los errores de la negociación no volveré sino para decir que sobre ellos basta con leer el reciente libro del general Mora.
Sobre los impactos sobre la democracia y el estado de derecho he escrito también varias columnas, no solo sobre el asalto a la democracia que significó desconocer el resultado del plebiscito, sino sobre la ruptura del sistema de pesos y contrapesos institucionales, la cooptación de la Corte Constitucional y la compra del Congreso, y el manoseo a la Carta Magna en la implementación del pacto.
Y sobre las fallas de la implementación también mucho he hablado, desde el engendro de la JEP y la ruptura del principio de igualdad frente a la ley para darle beneficios políticos y económicos a las Farc que no tenemos los ciudadanos que nunca hemos delinquido hasta los incumplimientos sistemáticos de sus obligaciones de verdad, reparación y no repetición por parte de los terroristas desmovilizados.
Pero no se ha hecho suficiente énfasis en el error estratégico de fondo de suponer que, si lo que se pretendía era poner fin al conflicto, alcanzar «la paz”, el objetivo debía ser la desmovilización y la entrega de armas de las Farc.
Los hechos son tozudos. Los frentes más directamente vinculados con la minería ilegal y, sobre todo, con el narcotráfico nunca se desmovilizaron. El jefe negociador de las Farc y su segundo volvieron al monte porque siguieron siendo narcos. Eln, disidencias, reincidencias y otros grupos armados ilegales siguen asesinando y se matan entre ellos por el control de las economías ilícitas. El año pasado se produjo más cocaína que nunca y en el 2021 tuvimos el mayor número de homicidios desde que se firmó el pacto y muchos más que los que ocurrieron en el 2015, antes de esa firma. En los llamados municipios PDET y en los de sustitución de cultivos, la tasa de homicidios es mayor un 190% y 259% respectivamente al promedio nacional.
Como lo demuestran los hechos, el poder de los violentos no proviene del número de hombres ni de sus armas. Se pueden desmovilizar miles y entregar miles de armas también y no se pondrá freno a la violencia. La clave de la violencia y del conflicto son las economías ilícitas y, en especial, el narcotráfico.
Es del narcotráfico de donde viene el poder de los violentos. Si queremos paz tenemos que erradicar el narcotráfico de Colombia. El pacto de Santos con las Farc no solo no entendió el problema y se alejó del núcleo estratégico, sino que, peor, fortaleció el narcotráfico. Si no lo entendemos y hacemos las correcciones de fondo, seguiremos inmersos en esta espiral interminable de violencia.
