Por solicitud de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de varias irregularidades de contratación.
La decisión dispuso la separación temporal del cargo y la expedición de una orden de captura para hacer efectiva la detención preventiva.
De acuerdo con los hechos, el mandatario local, mediante decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por el Covid-19.
Al amparo de este acto administrativo, la Gobernación celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220’375.148. La modalidad de contratación estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrenta el país; sin embargo, el material de prueba obtenido por la Fiscalía puso en evidencia varias inconsistencias como:
- Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos.
- Presuntas falsedades en la etapa precontractual.
- Falta de idoneidad del contratista.
De otra parte, se conoció que el mandatario no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente.
Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Palacios Calderón los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Los cargos no fueron aceptados.
