Al finalizar el plebiscito del domingo 4 de septiembre en Chile, el mayoritario “Rechazo” se impuso frente a la propuesta de una nueva Constitución con la que se pretendía reemplazar la Constitución Política vigente desde 1980. Las cifras hablan por sí solas, toda vez que superó la votación del “Apruebo” en casi el 24% de los sufragantes, pese a que el 25 de octubre de 2020 con más de 7 millones de votos, el “Apruebo” del 77% de los votantes decidió redactar una nueva Carta Magna y el 78% aprobó crear la Convención Constitucional. Una aspiración que después del resultado adverso, aún persiste en la mayoría de chilenos, incluso de quienes votaron en contra.
Los guarismos constatan la insatisfacción de 7,8 millones de chilenos que se opusieron al articulado del impopular proyecto de nueva Constitución y conforme al artículo 142 de la Constitución actual, pone punto final al proceso constituyente sometido al plebiscito. Sin embargo, habría que ver si el gobierno de Boric tiene la capacidad para lograr un acuerdo político que permita iniciar un nuevo proceso constituyente, lo que implicaría convocar nuevamente el plebiscito de entrada, elegir una Convención Constitucional, elaborar propuesta de Constitución y convocar plebiscito de salida, con los respectivos comicios electorales.
El fracaso de la Convención Constituyente se caracterizó por los excesos y, según encuesta de la firma Ipsos, se enmarcó primordialmente en cuatro aspectos que a juicio de los encuestados fueron los peor resueltos: el sistema de Justicia (26%), derecho de propiedad (24%), sistema nacional de salud (23%) y Estado Plurinacional (23%).
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Respecto a esto último, el artículo 1 de la propuesta constitucional contemplaba que Chile no solo era un Estado democrático, sino también plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Estos conceptos generaron bastante discusión por la falta de aplicabilidad, especialmente la plurinacionalidad, dado que en el derecho internacional y en la legislación interna chilena no existen unas definiciones concretas sobre su significado.
Dicho asunto causó mucha controversia, al punto que en la zona del Arauco el “Rechazo” estuvo muy cerca del 80%, debido a la percepción de inseguridad de sus pobladores en relación con grupos mapuches extremistas armados en el sur del país. Un conflicto de vieja data que se ha ido agravando y cuya complejidad lo puede volver inmanejable, no obstante que en Chile la población indígena corresponde a menos del 13%, de la totalidad que sobrepasa los 19 millones de habitantes.
En materia de justicia, las propuestas estuvieron muy cuestionadas porque se planteaba la posibilidad de tener tribunales diferenciados, según el tipo de población. En otras palabras, tribunales especiales para la población indígena, lo que condujo a una radicalización mayor considerando el referido conflicto entre el Estado y la sociedad civil en la Araucanía, con el pueblo mapuche, que tiene como eje central la disputa por territorios indígenas.
Otro aspecto fundamental, del cual no se ocupó la nueva constitución, tiene que ver con la redefinición del Estado subsidiario que todos esperaban. Un principio muy fuertemente arraigado en la Constitución de 1980, que promueve la libre competencia y la no intervención del Estado en la economía. Inicialmente se planteó la discusión de pasarlo a una definición de Estado de bienestar, pero finalmente fue descartado y dio paso a una cuestión más política e identitaria. Por ende, generó muchas tensiones a raíz del conflicto que persiste en la Araucanía.
Y, lo que es más, el “Rechazo” se sustenta en que la complejidad del contexto económico chileno actual es de gran incertidumbre, máxime si los vaticinios dan cuenta que este año terminará con una inflación elevada y un crecimiento muy bajo. Principalmente, por la subida de los combustibles tras la invasión rusa a Ucrania y las dificultades en la cadena de suministro provocadas por la Covid-19, lo que también deteriorará el empleo y los salarios de la gente. En consecuencia, son variables que plantean un desafío fundamental para Boric, por cuanto debe definir cómo asumir su agenda de reformas que estaban sustentadas en cambios institucionales que ya no van a ocurrir.
De ahí que el presidente, a partir de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, ha quedado impelido a retomar la agenda gubernamental. Para ello, además de los movimientos estratégicos realizados en su gabinete, también debe definir la política a seguir. Para comenzar, hizo bien en nombrar funcionarios experimentados, pertenecientes a la Concertación de centroizquierda que gobernó a Chile durante dos décadas (1990-2010), en seis cargos ministeriales claves:
El ministerio del Interior y Seguridad Pública que debe atender los problemas en el control del territorio y seguridad del Estado, como los de la Araucanía con los mapuches; el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuya gestión es cardinal con el parlamento; y el Ministerio de Energía, responsable de velar por el desarrollo del sector energético, impulsando energías limpias y renovables. Así mismo, los cambios en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
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De lo anterior se desprende que un nuevo proceso constituyente tendría que tener una renovada y vigorosa dinámica, comenzando por lograr un acuerdo y alejarse del trabajo desarrollado por la Convención Constituyente, teniendo como premisa que la derrota en las urnas fue contundente. Del mismo modo, el presidente Boric no debe desestimar la situación económica y social por la que atraviesa la población chilena, con una alta inflación, la caída de la inversión y un gobierno que prometió el cambio, pero por la problemática actual ve que su favorabilidad se va disminuyendo paulatinamente. En efecto, con menos de seis meses en la presidencia, tiene una aprobación del 39% mientras que el 56% de la población lo desaprueba.
Por todo lo dicho, resulta imperativo la conformación de una Convención Constitucional mixta, con la participación de integrantes del parlamento, a fin de articular y canalizar el trabajo de un nuevo proyecto constitucional. Esto es, obtener un nivel de acuerdo mayor, de manera que los partidos políticos tengan una representación directa dentro del proceso constituyente, a diferencia de lo ocurrido con el proceso que acaba de fracasar. En síntesis, reducir la marcada polarización entre el “Apruebo” y el “Rechazo”, avanzando en unidad y nuevos acuerdos políticos transversales, para lograr el consenso social necesario que permita sacar adelante una nueva Constitución en la que prevalezca la democracia y recoja derechos sociales.
