En materia de economía es tarea de titanes encontrar algo positivo en estos cien días. Quizás el acuerdo de tierras con los ganaderos, al que en todo caso le faltan todos los detalles para hacerlo operativo. Por lo mismo, no hablemos todavía de los peligros de las propuestas esbozadas para la reforma laboral, de la salud y las pensiones.
Aunque se aplaude a Ocampo, la verdad es que se ha venido lanza en ristre y de manera injusta contra el sector empresarial, a quien acusa de «generar pánico” y «es esa alarma la que está generando poca credibilidad en el gobierno”. No es cierto. Esa ausencia de credibilidad gubernamental es resultado de las contradicciones entre los miembros del gabinete y el mismo Petro y de los mensajes equivocados que han enviado al mercado y a los inversores, en especial aunque no solamente en relación con el sector petrolero y minero.
En esa línea de responsabilizar a los empresarios por culpas que son exclusivamente del Gobierno, desde Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda han pretendido descabezar los dirigentes gremiales que los incomodan por sus posturas, con éxito en el caso de Camacol y por fortuna sin conseguirlo en el de la ANDI. Ojalá esa actitud, de maloliente tufo autoritario, no se extienda hacia el futuro.
Ocampo, además, nos clavó una tributaria descomunal, la más gravosa de la historia, y muy inoportuna, con un panorama de inflación global y nacional disparadas y una probable recesión mundial. La reforma no resuelve los problemas estructurales de la tributación, agrava el problema ya detectado de centrar el recaudo en la renta de las empresas, desincentiva la inversión, castiga a los más vulnerables y fuertemente a los tenderos (el 70% de sus ventas dependen de azucarados y ultraprocesados), alimentará aún más la inflación, frena la construcción, y crea cargas fiscales que matan la gallina de los huevos de oro, el sector petrolero y minero.
Para rematar, todavía no dicen en qué se usarán esos 20 billones anuales, 80 para todo el período de Petro, excepto que anuncian que serán para «gasto social”. Es decir, no se destinarán a cerrar el déficit fiscal sino a aumentar los subsidios y crecer aún más la ya excesiva red asistencial del Estado. Digamos, sin embargo, que en esto Petro es solo el más renombrado exponente de un mal que aqueja a todos los gobiernos, el de suponer que hace bien el Estado al aumentar el número de ciudadanos que dependen de su ayuda. Es al revés: que más ciudadanos necesiten asistencias y subsidios es solo la prueba del fracaso de un Estado. No solo no resuelve de manera estructural la pobreza, sino que hace que más ciudadanos dependan de él y no de sí mismos.
Esa dependencia, por supuesto, solo conviene a los políticos, que alimentan ahí su clientela y por esa vía la controlan. Algún mal pensado dirá que es la lógica política del empobrecimiento, en algún momento esbozada por Chávez y por el mismo Petro: que los ricos se vayan y la clase media disminuya y los pobres sean más y dependan de una maquinaria burocrática que ellos controlan.
Lo cierto es que el presupuesto del 2023 crece un 15,1% en relación este año, en especial en gastos de funcionamiento, y no se hace ningún esfuerzo estructural de ahorro y austeridad. La Ministra de Trabajo, para rematar, hace anuncios que encarecerán aún más el empleo formal y estimulan la informalidad. Y Ocampo solo ha conseguido que el Gobierno anuncie que no suspenderá los actuales contratos de exploración y explotación de petróleo y gas pero no ha sido capaz de que anuncie que sí habrá nuevos contratos, indispensables para tener las divisas que permitan el pago de la deuda externa y la financiación del gasto público.
Por eso el peso se devalúa, a hoy un 23%, incluso cuando otras monedas latinoamericanas tienen jornadas positivas, y el costo de la deuda colombiana está disparado. Sin contar los intereses mucho más altos que ahora estamos pagando por el mayor riesgo país, la devaluación hace que la deuda pública externa nos cueste 90,5 billones de pesos más, cuatro y media veces la tributaria. En paralelo, los inversionistas se están deshaciendo de los bonos colombianos, lo que obligó a Ocampo a detener la venta de bonos por el resto del año. Nuestros bonos han perdido casi un 24% desde que Petro fue elegido, el peor desempeño en el índice de deuda de mercados emergentes de Bloomberg, cuatro veces más mal que el promedio de ese índice.
Un comentario rápido sobre el sector petrolero, que será objeto de otra columna. Sin contar el efecto de que este jueves pasado haya sido excluida del índice MSCI, lo que significa que habrá ventas masivas y una desvalorización aún mayor, la acción de Ecopetrol había caído un 45% desde la elección de Petro. 90 billones más perdidos por cuenta de Petro y su Ministra de Minas, otras cuatro y media reformas tributarias. Un verdadero desastre financiero para el país y para todos los colombianos que, a través del Estado, directamente o a través de los fondos de pensiones, somos los dueños de la compañía. Debería ser un escándalo pero, quizás porque los periodistas y los ciudadanos de a pie no entienden la gravedad del problema, no pasa nada.
En fin, el resultado es que más temprano que tarde la economía, que venía disparada y con el mejor comportamiento entre todas las de la región, se va a pegar un frenón brutal y, como consecuencia, se dispararán el desempleo y la pobreza. El de Petro es un gobierno brutalmente empobrecedor.
