Graves y contundentes denuncias en vísperas de las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023, hicieron en las ultimas horas varios alcaldes colombianos de diferentes regiones en un encuentro programado por la Federación de Municipios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El diagnostico es desgarrador en muchos territorios, los mandatarios denunciaron que los actores armados ilegales, ejercen control territorial por ausencia de la fuerza pública.
El pedido de todos los alcaldes es que el Ejército pueda iniciar operaciones de estabilidad, seguridad y control en aras de garantizar la seguridad y los derechos de la población civil que se vienen viendo afectados por los grupos armados.
Por la proliferación y recrudecimiento de las amenazas 8 alcaldes se han visto obligados a trasladar sus despachos fuera de la jurisdicción de sus municipios, como única alternativa para salvaguardar su vida.
- Hay constreñimiento a la libre movilidad, en consideración a que en algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 pm, tampoco se puede circular por algunas vías con cascos y los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba.
- “Existe una especie de co-gobernabilidad dentro de nuestros territorios porque ellos están imponiendo leyes, están imponiendo la forma del desarrollo dentro de estos territorios”.
- “Hay una especie de “silencio administrativo” por parte del Gobierno Nacional al desconocer y no reaccionar oportunamente a las problemáticas que se viven en las regiones afectadas por el conflicto”.
- “En nuestras regiones no existen solamente tres grupos, no existe solamente el ELN, no existe solamente las FARC, no existe solamente el EPL, sino también los grupos de narcotráfico, los grupos de BACRIM, tenemos el tren de Aragua, tenemos también grupos de narcotráfico extranjeros, cartel de Sinaloa y algunos grupos de narcotráfico trasnacional”.
“Le gente tiene mucho miedo, les cuesta mucho el relacionamiento con miembros de la fuerza pública, para evitar ser señalados y afectados por el accionar de los grupos armados y ante la impotencia de nuestro Ejército y Policía”.
Los alcaldes pidieron que llegue la inversión a las regiones, que se les tenga en cuenta, porque con su heroísmo aún mantienen vigente la institucionalidad democrática al tiempo expresaron tristeza por la pérdida de reconocimiento y autonomía municipal, «el Estado pretende hacerlo todo desde Bogotá y por eso la lentitud en la ejecución y aprobación de proyectos».
Denunciaron el aumento de las extorsiones, los secuestros, las intimidaciones, los reclutamientos y los atentados terroristas contra las antenas de comunicación, la infraestructura institucional y contra la población en general.
A los grupos al margen de la ley les incomoda que los alcaldes denuncien y “pareciera que en este país tenemos que estar es callados para no tener problemas de seguridad”.
- “Aquí se toman decisiones desde Bogotá, desde una oficina y los alcaldes y los gobernadores no somos escuchados. hoy pareciera que al gobierno nosotros no le interesamos, creeríamos que en muchas ocasiones ni siquiera la vida de nosotros como mandatarios le interesan al gobierno”.
- “El gobierno nacional ha sido muy generoso, bondadoso, con estos grupos al margen de la ley, pero no hay una demostración real de estos grupos, de que quieren verdaderamente la paz”.
Hoy, en varios municipios, los grupos al margen de la ley no han permitido inscripciones de cedula, “aquí pareciera que el Gobierno Nacional está legitimando a estos grupos al margen de la ley. Pareciera que algunos comandantes guerrilleros quisieran reemplazar al Consejo Nacional Electoral, ellos son quienes determinan quien puede hacer política y quien no; en algunas regiones se está carnetizando a la sociedad civil”.
Los alcaldes piden reglas de juego claras para la paz, “no se puede aceptar que mientras el Gobierno Nacional firma un Decreto de cese al fuego, no haya una acción reciproca que se materialice en un cese a la extorsión y a la intimidación por parte de los grupos armados”.
- «No se puede aceptar que por el accionar de los grupos violentos, muchos candidatos tengan que venderle “el alma al diablo” para aspirar a cargos de elección popular en los territorios».
- “Desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones masivas con lideres y lideresas, por parte de las organizaciones al margen de la ley diciéndoles por quien deben y por quien no deben votar, que partido puede entrar y que partido no puede entrar a la zona”.
