A lo largo de la vía que conecta Turbaco con Turbana, al norte de Bolívar, está la Hacienda Aguachica, un vestigio de lo que alguna vez fue una próspera industria. En su apogeo, esta vasta propiedad de 100 hectáreas fue un centro clave de producción para el suministro de pollos, cerdos, huevos y ganado a las Supertiendas Olímpica de ciudades como Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Santa Marta y San Andrés Islas. Sin embargo, desde 1998, sus puertas se cerraron, dejando a 27 trabajadores en el olvido y una lucha laboral que lleva 26 años sin resolución.
La clausura de Aguachica no solo marcó el fin de una industria, sino también el inicio de una batalla interminable para los últimos empleados. 27 personas quedaron abandonadas cuando la compañía, bajo el manto de fusiones con otras sociedades, disolvió su estructura productiva y trasladó sus operaciones al departamento de Atlántico. A través de empresas como ACONDESA S.A., Inversiones Duque Aguilera, e INDUNAL, los propietarios, presuntamente vinculados a la influyente familia Char de Barranquilla, eludieron sus compromisos laborales y legales con estos trabajadores.
De los 90 empleados que alguna vez laboraron en Aguachica, 27 continúan en una situación desesperada. Cuatro de ellos ya han fallecido sin ver justicia. Entre los afectados se encuentran hombres de avanzada edad, como Rafael Antonio De Ávila Monterrosa, de 94 años, y Luis Guerra Correa, de 63, quienes, junto a sus compañeros, reclaman sus derechos laborales o la entrega de la tierra para poder explotarla ellos mismos.
Los trabajadores han enfrentado amparos policivos, citaciones judiciales aplazadas y un sinfín de maniobras legales que, según ellos, buscan desgastarlos hasta su desaparición. Jairo Marrugo Gutiérrez, quien dedicó 13 años de su vida a la hacienda, denuncia que los responsables nunca se han presentado a las audiencias ni han negociado en términos justos. “Siempre nos ofrecieron migajas”, afirmó con indignación.
Víctor Manuel Marrugo Pájaro agregó que, en lugar de soluciones, los han acusado de invasores en múltiples ocasiones. “Nosotros no somos invasores, solo pedimos lo que nos corresponde por nuestro trabajo”.
El abogado de los trabajadores, Efraín Miranda, ha señalado directamente a la familia Char como los responsables de la actual situación. “Estas empresas fachada esconden la responsabilidad de los verdaderos dueños”, afirmó. Miranda quien insiste en que se puede llegar a un acuerdo que ponga fin a la agonía de estas familias, pero hasta ahora, no se ha dado un diálogo genuino.
Para Luis Guerra Correa, el tiempo se agota. “Nos hemos envejecido, estamos en una edad en la que ninguna empresa nos recibiría. Queremos una solución antes de que sea demasiado tarde”, suplicó. Los años de espera han pasado factura, y la incertidumbre sigue pesando sobre ellos como una sombra implacable.
La historia de la Hacienda Aguachica no solo es el relato de una industria que colapsó, sino también una evidencia del costo humano que muchas veces queda en segundo plano cuando se toman decisiones empresariales sin responsabilidad social. Los trabajadores de Aguachica no solo buscan justicia, sino el reconocimiento de una deuda moral y legal que ha sido ignorada durante más de dos décadas.
La familia Char, cuya influencia política y económica es significativa en la región, ha mantenido hasta ahora un silencio que clama por respuestas. ¿Será este el momento en que finalmente se escuche a estos 27 hombres que aún esperan por una solución?
