El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Jairo Bautista, anunció en una entrevista con W Radio que el plan de austeridad del Gobierno para este año busca generar ahorros significativos de entre $4 y $5 billones de pesos, principalmente mediante la reducción de contratos de prestación de servicios.
Según Bautista, la nómina estatal está conformada por aproximadamente 1.530.000 trabajadores, a los que se suman entre 910.000 y 920.000 contratistas vinculados a diversas entidades públicas. Estos últimos representan un gasto financiado tanto con recursos de funcionamiento como de inversión.
“Queremos que las entidades analicen y nos presenten cómo van a reducir la necesidad de contratación por prestación de servicios, especialmente en áreas con exceso de personal o donde estas contrataciones no sean indispensables”, explicó Bautista.
Impacto en el empleo y ajustes estructurales
Aunque la medida apunta a generar mayor eficiencia en el gasto público, el funcionario reconoció que aún no se ha calculado el impacto en el desempleo, dado que miles de personas quedarían fuera del sistema de contratación estatal.
El plan también incluye ajustes en otras áreas de gasto:
- Contratos de asesorías y consultorías, que representan una carga significativa en el presupuesto, serán reducidos.
- Se promoverán reformas en las plantas de personal para optimizar funciones y evitar duplicidad.
- Se disminuirán los costos relacionados con eventos, reuniones y protocolos en el sector público.
“Algunas entidades tienen plantas muy pequeñas y dependen de un gran número de contratistas. En otros casos, las plantas grandes igualmente cuentan con un exceso de contratistas, lo que genera una duplicidad de funciones”, destacó el director de Crédito Público.
- Antecedentes del plan de austeridad
Este anuncio se alinea con las decisiones previas del Gobierno, como la reducción de viáticos para altos funcionarios y el recorte en gastos operativos a partir de enero de 2025.
El Ministerio de Hacienda busca consolidar este enfoque de austeridad como una herramienta para mejorar la sostenibilidad fiscal y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, persisten preguntas sobre cómo se manejará el impacto social y laboral de estas medidas.
La implementación del plan será monitoreada por el Ministerio de Hacienda, que evaluará las estrategias presentadas por cada entidad para cumplir con los objetivos propuestos.
