Cartagena de Indias enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. La criminalidad ha convertido a la ciudad en un campo de batalla donde el sicariato, las riñas y el crimen organizado se disputan el control de las calles. En 2024, se registraron 388 homicidios, con un preocupante saldo de 26 mujeres asesinadas. De estos casos, 13 fueron víctimas de sicarios, 2 se clasificaron como feminicidios y 11 murieron en medio de enfrentamientos callejeros.
Lejos de ceder, la violencia sigue en ascenso en 2025. Solo en enero, se reportaron 31 homicidios, 21 de ellos por ajustes de cuentas del sicariato. Y febrero arrancó con la misma crudeza: en apenas ocho días, ya hay 9 asesinatos—5 en riñas y 4 por atentados sicariales.
Frente a este escenario alarmante, la administración local intenta contener la crisis. Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, anunció un refuerzo en seguridad con 78 nuevos oficiales desplegados en los barrios más golpeados por la violencia, además del ingreso de 20 investigadores a la Policía Judicial para fortalecer las labores de inteligencia.
Pero la respuesta no será solo en número de agentes. “Implementaremos tecnología especializada para prevenir y contener homicidios, y el Plan Orus se activará en las zonas más vulnerables para frenar la expansión del crimen organizado”, aseguró Hernández.
El trasfondo de esta ola de sangre es una guerra sin cuartel entre el Clan del Golfo y Los Salsas Nueva Generación, dos estructuras criminales que buscan controlar el microtráfico y reconfigurar su dominio territorial. Sin embargo, el funcionario envió un mensaje contundente: “Cartagena no le pertenece a las bandas criminales, sino a sus ciudadanos”.
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Pese a los esfuerzos oficiales, la ciudadanía sigue exigiendo respuestas más firmes. El miedo ha tomado las calles y el clamor por justicia es cada vez más fuerte. La pregunta sigue en el aire: ¿serán suficientes estas medidas para recuperar la paz en una ciudad que hoy vive bajo la sombra del crimen?