La violencia en las vías de Cartagena de Indias ha escalado a niveles alarmantes. Entre 2024 y lo corrido de 2025, nueve agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) han sido víctimas de agresiones físicas y verbales mientras ejercían su labor.
El más reciente episodio de intolerancia ocurrió en plena avenida Pedro de Heredia, frente a la estación del barrio España. Un motociclista, tras ser requerido por cruzar de forma indebida por el sendero peatonal, respondió con furia: arremetió contra el agente de tránsito con una piedra en mano. Como si no fuera suficiente, otro motociclista, aún no identificado, lanzó una piedra contra un bus de Transcaribe, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que se encontraban a bordo.
El DATT denunció penalmente a Luis Eduardo Hernández Yépez, quien cuenta con permiso temporal de residencia en Colombia, como agresor del funcionario. Esta no es una situación aislada, sino parte de un patrón creciente de irrespeto hacia la autoridad y desprecio por la ley.
En solo 17 meses, el DATT ha tenido que enfrentar:
- 9 procesos penales activos por violencia contra servidores públicos y daños a bienes del Estado.
- Agresiones reiteradas, que incluyen golpes, empujones, amenazas e insultos, muchas veces perpetradas en presencia de menores y ciudadanos indefensos.
- Una creciente normalización del desacato a la autoridad, que pone en jaque la seguridad vial y la convivencia ciudadana.
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El Código Penal colombiano establece consecuencias claras para quienes agreden a los servidores públicos:
- Artículo 429: La violencia contra servidor público acarrea penas de 4 a 8 años de prisión.
- Artículo 429D: La obstrucción violenta a la función pública implica de 3 a 5 años de cárcel.
Desde el DATT, el llamado es urgente: Cartagena no puede tolerar más agresiones a sus servidores públicos. Cada acto de violencia, cada piedra lanzada, cada empujón o insulto, no solo agrede a un funcionario: es un atentado contra el orden y la seguridad de todos.
