El país vuelve a estremecerse con el caso del ganadero Esteban Rafael Urueta González, asesinado brutalmente junto a sus trabajadores Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado en septiembre de 2024. Este martes, la liberación de los dos implicados y confesos del crimen encendió las alarmas sobre una justicia que parece jugar a favor del olvido.
La indignación se hizo sentir rápidamente en todos los sectores, en especial en el gremio ganadero. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), denunció públicamente que la justicia ha actuado con negligencia o, peor aún, con complicidad, al permitir que se vencieran los términos del proceso, facilitando así la liberación de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, responsables confesos del triple homicidio.
Aunque Petro Almanza fue recapturado horas después y enfrentará también cargos por hurto agravado, Soto Garcés permanece en libertad, alimentando la sensación de impunidad que rodea el caso.
Los obstáculos judiciales han sido constantes: primero, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá se declaró impedido; luego, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún hizo lo mismo, pese a que el Tribunal Superior de Montería desestimó esa excusa. Además, la audiencia preparatoria prevista para el pasado 6 de junio no se realizó porque el Inpec no conectó a uno de los implicados desde la cárcel El Bosque de Barranquilla.
A esto se suman los cuestionamientos al procurador judicial I penal de Montería, Adolfo Toscano, quien habría solicitado insistentemente que se esperara solo 10 minutos para la conexión de los procesados, aun sabiendo que el sistema penitenciario rara vez cumple con esos tiempos. Para Lafaurie, esta actitud no refleja una defensa de las víctimas, sino todo lo contrario.
El 10 de septiembre de 2024, los dos implicados dispararon, incineraron y enterraron los cuerpos de sus víctimas. El hecho conmocionó al país no solo por su brutalidad, sino también por el perfil de Esteban Urueta, un reconocido ganadero, y la violencia desmedida que cobró la vida de tres trabajadores inocentes.
FEDEGÁN, que ha seguido de cerca el proceso, exige ahora la designación urgente de un agente especial del Ministerio Público que vele por los intereses de las víctimas y que, en lugar de entorpecer, impulse un proceso judicial transparente, ágil y con garantías reales de justicia.
«¿Querían ganar tiempo para que se vencieran los términos y dejar libres a los asesinos confesos? No lo vamos a permitir», sentenció Lafaurie Rivera.
El caso deja al descubierto fallas graves en la coordinación entre los actores judiciales y abre la puerta a un cuestionamiento profundo del sistema: ¿hasta qué punto se está garantizando justicia en Colombia?. Mientras uno de los responsables vuelve tras las rejas, el otro camina libre. Y para los familiares de las víctimas, la herida sigue abierta y sin reparación.
Este caso no solo es un llamado de atención, es una alerta roja: cuando la justicia no actúa con firmeza y prontitud, se vuelve cómplice del crimen.
