Las autoridades investigan con reserva y múltiples líneas de indagación la muerte de Viviana Andrea Canro Zuluaga, su esposo Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo menor de 4 años, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en la habitación de un hotel en la isla de San Andrés. El caso ha generado conmoción nacional por las dudas que envuelven el hecho y los posibles fallos en la atención prestada a la familia antes del trágico desenlace.
El fallecimiento ocurrió durante un viaje familiar que inició el 9 de julio y tenía como propósito celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de la abuela materna. También viajaron los padres de Viviana, quienes se alojaban a pocos metros de la habitación donde fueron encontrados los tres cuerpos, el 11 de julio.
La principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación, aunque el dictamen médico legal definitivo aún no ha sido revelado. El coronel James Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, informó que durante la inspección inicial no se evidenció ninguna señal de violencia ni intervención de terceros. “No hay elementos que indiquen agresiones físicas o presencia de terceros en la habitación”.
Esta primera evaluación ha llevado a enfocar las pesquisas en factores ambientales o químicos que pudieran haber causado la muerte de los tres miembros de la familia.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el hotel donde ocurrió el hecho fue fumigado días antes con productos de alta toxicidad. Según la administración, el procedimiento fue realizado por la empresa Livingston & Company E.U., contratada desde 2012 para prestar este tipo de servicios en la cadena hotelera.
El proceso de fumigación incluyó la habitación donde posteriormente se hospedó la familia afectada. Este hecho ha llevado a las autoridades a radicar un derecho de petición para conocer los químicos utilizados, sus fichas técnicas y la identidad del personal a cargo. El objetivo es determinar si hubo alguna falla en el procedimiento o si los residuos de las sustancias aplicadas quedaron en niveles peligrosos para la salud humana.
El hotel aseguró que ningún otro huésped reportó síntomas graves, aunque sí reubicó preventivamente a quienes se encontraban alojados cerca de la habitación implicada. De igual forma, suspendió la operación del piso donde se presentó la tragedia y desplegó un equipo técnico para inspeccionar las condiciones estructurales y sanitarias del lugar.
Otro elemento que ha generado controversia es la contradicción sobre el hotel exacto donde ocurrió la tragedia. Inicialmente se señaló que el deceso ocurrió en el Hotel Portobelo Convention, sin embargo, familiares de las víctimas aseguran que los hechos se dieron en el Hotel Toné II, también conocido como Toné 2, ubicado frente a la playa Bahía Sardina.
Ambos hoteles pertenecen a la cadena colombiana On Vacation, pero funcionan como establecimientos distintos, con registros turísticos independientes. La confusión ha dificultado las verificaciones iniciales y ha generado una alerta sobre el manejo de las reservas y la trazabilidad de los movimientos de los huéspedes.
Varios documentos revelan que Viviana Canro habría realizado dos reservas en diferentes momentos: una en octubre de 2024 para alojarse en el Portobelo Convention, y otra en marzo de 2025 para sus padres, en el Toné II. Este cruce de reservas plantea interrogantes sobre en cuál de los establecimientos se produjo la exposición a los posibles agentes tóxicos y cómo se gestionó la atención a las quejas sobre la habitación.
Dentro de las pruebas recogidas en la investigación, se tienen reportes de inconformidades manifestadas por la familia durante su estadía, relacionadas con la higiene, el estado general de la habitación y un fuerte olor que persistía desde su ingreso al lugar.
A pesar de que se habrían solicitado cambios de habitación, no hay claridad sobre la respuesta oportuna del personal del hotel, y se pidió que se revisen los registros de cámaras de seguridad para confirmar si hubo solicitudes formales de reubicación por parte de los afectados.
El caso plantea serias dudas sobre los protocolos de bioseguridad y mantenimiento en los alojamientos turísticos de la isla. La posibilidad de que residuos de sustancias químicas utilizadas en fumigaciones recientes hayan provocado una intoxicación letal abre un debate sobre el control y seguimiento de estos procedimientos en zonas frecuentadas por turistas.
Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los resultados de las necropsias y del análisis toxicológico, que serán determinantes para aclarar lo ocurrido.
Mientras tanto, la tragedia ha dejado en evidencia fallos potenciales en la atención al cliente, la comunicación interna del hotel y el manejo de situaciones de riesgo, aspectos que ahora están bajo el escrutinio de la Fiscalía y los entes de control sanitario.
La muerte de esta familia bogotana no solo enluta a sus seres queridos, sino que también obliga a las autoridades turísticas y hoteleras a revisar con lupa los protocolos de salud, limpieza y seguridad en los destinos turísticos más concurridos del país.
