En los últimos años he evitado hablar de Santos porque creo que no hay que confundir el enemigo. Es a Petro y su izquierda extrema, incompetente y corrupta, a quienes hay que derrotar, no solo por el mucho daño que hacen sino porque perderemos la democracia si siguen en el poder después de 2026.
Estas últimas semanas, sin embargo, las declaraciones de Santos hacen ineludible pronunciarse. Primero, afirmó contra toda evidencia que no hubo conejazo al plebiscito. Después, sostuvo que la causa de María Corina Machado por la democracia es la suya, cuando no hizo cosa distinta que apoyar a Chávez, su “nuevo mejor amigo”, incluso si ello supuso que torturaran a jóvenes de la oposición como Lorent Saleh, a quien deportó ilegalmente a Venezuela. Santos ofende con su cinismo.
Y como de premios Nobel se trata, sea la oportunidad para aclarar que el pacto con las Farc, además de la erosión democrática que supusieron la trampa al No, el fast track, las curules regaladas por ocho años a los bandidos, el engrendro de la JEP, el contubernio con la Constitucional de entonces y el manoseo a la Carta del 91, no solo no trajo la paz sino que sembró nuevas violencias.
Aseguró la impunidad de facto de los decenas de miles de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las Farc, como quedó probado en la sentencia de la JEP sobre secuestros, en la que no se estableció ninguna restricción efectiva de la libertad para los bandidos. No hay paz sostenible que pueda construirse sobre la injusticia. Y al premiar a los asesinos con beneficios políticos y económicos que no tenemos quienes jamás hemos delinquido, estimuló el crimen.
Finalmente, lo que se pactó en materia de narcotráfico explica en buena medida la persistencia de la violencia y el aumento de su intensidad en el tiempo. Primero, los frentes más vinculados con el narcotráfico, como el primero y el cuarenta, las llamadas “disidencias”, no entraron nunca en la negociación, permitiéndoles a las Farc mantenerse en el negocio mafioso. Después, algunos comandantes farianos, empezando por el jefe y el subjefe negociadores en La Habana, Márquez y Santrich, los “reincidentes”, siguieron durante y después de la negociación vinculados al narco y es ese lazo lo que explica que, descubiertos con las manos en la masa, se devolvieran al monte a seguir matando. Entre unos y otros, las Farc hoy tienen cerca de 8.000 integrantes.
Vamos a las cifras. Si en el 2000 la primera medición de la coca en Colombia mostraba 163.000 ha sembradas, para cuando Uribe dejó el gobierno los narcocultivos se habían reducido a 63.000 ha y la producción de cocaína había caído a 434 t. Para el 2013, teníamos solo 48.000 ha de coca y se producían 290 t de cocaína. Dígase lo que se diga, la estrategia estaba funcionando. En el 2014 se firma el componente de narcotráfico con las Farc y todo el esfuerzo se viene abajo. Desde entonces las hectáreas sembradas no han hecho sino aumentar hasta alcanzar 253.000 ha y la cocaína ha llegado a 2.664 t. El “nuevo enfoque histórico”, el “cambio de paradigma”, resultó un fracaso absoluto: jamás habíamos tenido tanta coca ni habíamos producido tanta cocaína como ahora.
Aunque sin duda este gobierno tiene parte de la responsabilidad porque todas sus políticas favorecen a los mafiosos, el origen del problema actual es el pacto con las Farc y sus garrafales errores en materia de narcotráfico. Los incentivos perversos iniciaron durante la negociación. Para empezar, el gobierno suspendió la fumigación aérea, inicialmente en un área de diez kilómetros desde la frontera con Ecuador y después en todo el país. Para darle apariencia de legalidad, expidió una decisión del MinSalud basada en la mala excusa del principio de precaución que después copió la Constitucional.
Tras ella, el gobierno paró toda la erradicación forzada. Y vinieron varios incentivos adicionales: definieron con las Farc que la erradicación debería ser manual y voluntaria y unos protocolos que hicieron casi imposible la forzada; establecieron una salvaguarda penal de dos años para los cultivadores de coca; acordaron el pago de mensualidades a los narcocultivadores, de manera que muchos campesinos que sembraban cultivos lícitos decidieron pasarse a la coca; prohibieron extraditar a los narcotraficantes de las Farc y sus familiares; determinaron que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los delitos políticos y, por tanto, indultable y amnistiable; no establecieron la obligación para las Farc de denunciar a sus cómplices en el negocio, las rutas, los laboratorios y los narcocultivos ni tampoco sanción para los que no entregaran los bienes y dineros ilícitos.
Las Farc no colaboraron nunca en la lucha contra el narcotráfico ni entregaron sus fortunas malhabidas. Mientras tanto, no prepararon a la Fuerza Pública ni al gobierno para hacer el control militar de área ni para asegurar la presencia estatal en el territorio que dejaban las unidades de las Farc que se desmovilizaron. Los grupos violentos, hoy todos mafiosos, han sabido aprovechar muy bien todas las ventajas que Santos les entregó, y ahora las de Petro, y son ricos y poderosos.
Santos es responsable primordial de la violencia que hoy vivimos. Y si no se corrigen los problemas estructurales del componente sobre narcotráfico del pacto con las Farc, la situación irá a peor. La paz en Colombia pasa por la justicia y, sobre todo, por quebrarle el pescuezo al narcotráfico.
