Presentar un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente fue el último acto del defenestrado ministro de Justicia. La moción de censura contra él en el Congreso iba a prosperar y el Gobierno prefirió pedirle la renuncia. La propuesta es una cortina de humo, una más de Petro, experto en la materia. Ahora busca desviar la atención de las acusaciones que Trump le hizo por fomentar el narcotráfico y de su inclusión en la lista OFAC. No lo va a conseguir.
El distractor, sin embargo, amerita análisis, aunque no sea la primera vez que el inquilino de la Casa de Nariño plantea el asunto. La última vez, en julio del año pasado, fue Juan Fernando Cristo, entonces ministro del Interior, quien dijo que buscaría un “acuerdo nacional que permita la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente”.
Nada pasó entonces, y nada pasará ahora. Esta constituyente nació muerta. La norma constitucional, artículo 376, establece que para convocar una constituyente se requiere una ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras; ley que, después de su sanción, debe ser remitida a revisión de la Corte Constitucional para su estudio y visto bueno.
El Gobierno, que ya había perdido sus mayorías en el Congreso a principios del año pasado, ahora cuenta con aún menos apoyo. El año es electoral y los congresistas se concentran en sus propias campañas. Además, la idea de la constituyente es rechazada por todos los senadores y representantes que no hacen parte de la coalición oficialista.
Pero, aun bajo el supuesto de que obtuviera las mayorías, no alcanza el tiempo para aprobar la ley y obtener el pronunciamiento de la Corte Constitucional antes del 7 de agosto de 2026. En cualquier caso, para convocar una constituyente se requiere que vote a favor la tercera parte del censo electoral, es decir, 13.747.199 ciudadanos. Se necesitaría que sufragaran a favor 2.455.211 personas más de las que votaron por Petro en la segunda vuelta de 2022: un 21,7 % adicional. Imposible.
Así que adelantar una constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91 no ocurrirá durante este gobierno, ni por tiempo, ni por mayorías en el Congreso, ni por apoyo ciudadano. A quienes dicen que Petro actuará por fuera de la Carta Política hay que repetirles que, si se sale del marco constitucional, daría un autogolpe que no tiene ninguna posibilidad de éxito. Su mejor suerte sería terminar como Castillo en Perú.
Petro raya en la imbecilidad en muchos temas y es un megalómano descomunal, pero también un bocazas y un cobarde. Como si fuera poco, ahora está en la mira de los gringos. No intentará un golpe de Estado.
El proyecto, en todo caso, no solo refleja el fetichismo de creer que la solución de los problemas nacionales está en cambiar las normas constitucionales, sino que deja ver el espíritu antidemocrático y la vocación autoritaria de Petro.
Por un lado, la asamblea tendría 71 miembros, pero solo 44 serían elegidos por voto popular. Los demás se escogerían de distintas minorías de acuerdo con los mecanismos que establezca el presidente, a quien se le otorgarían facultades extraordinarias.
Por el otro, el Gobierno justifica la propuesta en un supuesto “bloque institucional” que, en realidad, es el funcionamiento pleno del sistema de frenos y contrapesos, y de la separación de las distintas ramas del poder público, propios de una democracia.
Petro detesta tanto la independencia del Congreso y los fallos de jueces y tribunales como que la Carta del 91 no le dé poderes omnímodos al Presidente. Si algo hay que revisar en la Constitución, en todo caso, sería el exceso de presidencialismo que, en este gobierno, ha sido patente.
Esperemos que el Congreso dé rápida sepultura al proyecto de constituyente de Petro y Montealegre. Ello permitirá que nos concentremos en los problemas reales: los escándalos interminables de este gobierno, su incompetencia y su corrupción, la inseguridad, la violencia y el fracaso de la “paz total”, la necesidad de quebrarle el pescuezo al narcotráfico, la debacle fiscal y las propuestas que se requieren para solucionar la policrisis que vivimos y abordar la reconstrucción del país.
La Constitución del 91 no tiene ninguna culpa en el desastre inconmensurable de Petro. Lo que debemos es cumplirla, no usarla como excusa para esconder el fracaso de este ruinoso e incompetente gobierno y de sus funcionarios venales, sectarios, inexpertos e ignorantes.
No se necesita una nueva Constitución. Urgen, en cambio, un presidente y un gobierno buenos y decentes. Hay que trabajar con juicio y unidad para elegirlos.
