Entre promesas políticas y realidades económicas, el debate por el aumento del salario mínimo vuelve a encender tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales.
Vuelve y juega la inoperante Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encargada —al menos en teoría— de fomentar el diálogo social durante el proceso de negociación del salario mínimo para 2026, tal como lo establece el Artículo 56 de la Constitución Política.
Esta instancia tripartita, conformada por sindicatos, gremios productivos y el Gobierno Nacional, ha terminado convertida en una mesa con una sola pata: desde 1997, el salario mínimo se ha fijado de manera unilateral por el Gobierno, basándose únicamente en los informes del Banco de la República, el DANE y el Ministerio del Trabajo.
El Gobierno Nacional preside la mesa en cabeza del Ministro del Trabajo, acompañado por los titulares de Hacienda, Comercio, Agricultura y el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
En representación de los empleadores, participan cinco designados por las asociaciones gremiales de los sectores económicos; mientras que por los trabajadores asisten tres representantes de las centrales obreras, uno de los pensionados y uno de los desempleados, todos con sus respectivos suplentes.
El futuro de millones de trabajadores colombianos vuelve a depender de las mismas cinco variables económicas que siempre han determinado el incremento salarial:
- Índice de Precios al Consumidor (IPC), entregado por el DANE.
- Meta de inflación proyectada por el Banco de la República.
- Crecimiento del PIB.
- Contribución de los salarios al ingreso nacional, según el Ministerio de Hacienda.
- Productividad de la economía, medida por el DANE con base en recomendaciones de la OCDE.
Cuando se trata de afectar los bolsillos de las grandes empresas al disminuir sus ganancias y, por ende, su plusvalía, la discusión se vuelve de alta sensibilidad. Los gremios advierten que un aumento por encima del 3% podría agravar el desempleo o quebrar pequeñas MiPymes, un argumento que para muchos economistas resulta exagerado y usado como excusa para frenar mejoras reales en el poder adquisitivo de los trabajadores.
En medio del ruido político, surgen propuestas de todo tipo. El polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una cifra sin sustento de $1′800.000, mientras que el presidente Gustavo Petro ha sugerido que el incremento para 2026 podría ser superior a la inflación, como ocurrió en 2025, cuando el aumento fue del 9,54 %, dejando el salario en $1′559.301 más $219.109 de auxilio de transporte.
En plena época pre electoral, hasta el más inocente candidato opina cuánto debería ser el salario mínimo, sin bases técnicas y con evidente sectarismo político. Hoy, además, los sindicatos no se dividen solo entre izquierdas y derechas. En Colombia existen organizaciones laborales de distintos matices ideológicos, como la UPEC (Unión de Trabajadores Petroleros e Industriales), que defienden intereses contrapuestos y terminan politizando un debate que debería centrarse en la dignidad del trabajo.
El país espera que el Gobierno Nacional realice un análisis serio y transparente para definir el aumento del salario mínimo 2026, alejándose de presiones políticas y tecnicismos deshumanizados. Es urgente que el Estado, los gremios y los sindicatos contribuyan a reducir la inseguridad alimentaria, que hoy afecta a más de 25 millones de colombianos, y a más de un millón de niños que sufren desnutrición crónica.
El salario mínimo no puede seguir siendo un tema de discursos ni de cálculos fríos. El salario mínimo es vida.
