La Asociación Cartagenera de Cocheros lanzó fuertes cuestionamientos a la política de erradicación de los vehículos de tracción animal impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, al advertir que el proceso se ha iniciado sin concertación, sin enfoque diferencial y con medidas que, según el gremio, han profundizado la vulnerabilidad social de decenas de familias.
Así lo manifestó Eduardo Soto Frías, presidente de la asociación, quien aseguró que la administración distrital comenzó a implementar la política “de atrás hacia adelante”, sin cumplir el paso fundamental de dialogar previamente con el sector directamente afectado: los cocheros turísticos de la ciudad.
Soto Frías señaló que la caracterización del gremio, que apenas ahora adelanta la Alcaldía, debió ser el punto de partida del proceso, pues es allí donde se definen los elementos necesarios para aplicar un enfoque diferencial.
“En nuestra asociación hay compañeros operados de corazón abierto, personas en retén pensional, personas con discapacidad y adultos mayores. Hoy todos ellos están en una situación de vulnerabilidad extrema porque se les quitó de un día para otro la posibilidad de generar el sustento para ellos y sus familias”, afirmó.
Según el dirigente gremial, la Asociación propuso al alcalde Dumek Turbay levantar el decreto que prohíbe la actividad y, de manera paralela, instalar mesas de trabajo para construir una transición ordenada. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada. Tampoco prosperó la propuesta de entregar coches eléctricos para poner en marcha un plan piloto que permitiera avanzar sin afectar de forma inmediata el ingreso de los trabajadores.
El presidente de los cocheros cuestionó el enfoque adoptado por la administración distrital, al considerar que se ha optado por medidas coercitivas en lugar de concertación. “No entendemos por qué el enfoque ha sido darnos garrotazos y ponernos a pasar hambre. Esa no es la forma de sentarse a dialogar ni de construir una mesa de trabajo”.
A esto se suma, según el gremio, una “guerra mediática” que ha afectado la imagen de los cocheros, a quienes se les ha señalado de manera generalizada como maltratadores de animales.
- Rechazan señalamientos sobre maltrato animal
Soto Frías desmintió públicamente que los casos difundidos recientemente correspondan a animales pertenecientes a la Asociación Cartagenera de Cocheros. En particular, aseguró que uno de los caballos mostrados en redes sociales en evidente estado de desnutrición no pertenece al gremio ni a sus pesebreras.
El dirigente recordó que, desde hace más de 30 años, la Umata realiza evaluaciones médico-veterinarias trimestrales a los caballos de la asociación. De acuerdo con el último informe, más del 98% de los animales se encuentran en excelentes condiciones de salud, certificación que —según dijo— contradice las declaraciones de funcionarios que hoy cuestionan el estado de los equinos. “Es la misma OMATA la que certifica el estado de los caballos. Los informes existen y pueden ser presentados cuando se requiera”, enfatizó.
- Debate jurídico y económico por la erradicación de los coches
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el valor económico de la actividad, estimado por la asociación en 71 mil millones de pesos, cifra que ha generado controversia con la administración distrital. Soto Frías recordó que, desde el punto de vista jurídico, la erradicación de una actividad lícita implica reconocer lucro cesante y lucro emergente, conceptos que obligan al Estado a indemnizar a los propietarios.
“En Colombia no existe una sola ley que faculte al alcalde para erradicar los coches de Cartagena de manera unilateral. Por eso esta transición debe ser concertada. Si se hace como está planteada, la indemnización es obligatoria”, afirmó.
El presidente de la Asociación Cartagenera de Cocheros reiteró que el gremio no se opone a la modernización ni a una transición, siempre y cuando esta se realice dentro del marco legal, con diálogo social y garantizando los derechos de quienes han ejercido esta actividad durante décadas.
“Siempre hemos estado dispuestos a sentarnos en mesas de trabajo para que gane Cartagena, ganen los cocheros y gane la comunidad en general. Lo que estamos pidiendo está dentro del ordenamiento jurídico colombiano”, concluyó.
