La sentencia contra Leonidas Bustos, columna vertebral del cartel de la Toga, apenas ameritó una referencia en la primera página de El Tiempo, como si la condena de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia fuese un asunto trivial, insignificante.
Es reflejo de un país en el que los escándalos se suceden sin parar, tapándose uno tras otro, y en el que ese torrente de inmoralidades y hechos inéditos ha generado una funesta insensibilización ciudadana.
Basta con mirar la última semana, de viernes a viernes. Petro dice, sin ninguna prueba ni sustento, que hay “cien por ciento de riesgo de fraude” en las próximas elecciones; la Suprema condena a un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se hizo riquísimo negociando sentencias; la esposa y el hermano del MinTrabajo han firmado contratos por 999 millones entre 2024 y 2025 con el Gobierno. Mientras tanto, su hija fue nombrada en el Ministerio de Vivienda; la Contraloría detecta malos manejos por tres billones de pesos en el manejo de regalías desde 2022; la DNI deja de lado su función de buscar y analizar inteligencia estratégica y se dedica a negociar con Papá Pitufo y Pipe Tuluá, cabecillas de dos poderosas bandas mafiosas; Petro mantiene el alza del 23,7% del salario mínimo y, vivir para ver, lo hace con el apoyo de varios gremios y candidatos presidenciales que, en lugar de mantener sus críticas ante su aumento desmesurado y arbitrario, se asustaron con las eventuales consecuencias electorales, dejaron sin apoyo al Consejo de Estado y terminaron legitimando el capricho gubernamental; un niño de siete años muere porque la Nueva EPS, intervenida y controlada por el Estado, no le entregó el medicamento para la hemofilia que necesitaba, y los canallas de Petro y el MinSalud le echan la culpa a la madre de la criatura; el parque Tayrona y las zonas turísticas alrededor de Santa Marta están bajo el control de grupos ilegales; el gasto en salud ya representa el 9% del gasto total de los hogares; el déficit comercial saltó de US$ 10.807 en 2024 a US$ 16.377 el año pasado, un 52% más; “comunidades” del Cauca secuestran 1.500 funcionarios y agreden físicamente a varios de ellos, mientras que la Secretaría de Gobierno de Bogotá no hace nada; por cuenta de que el Estado ha sido incapaz de tomar decisiones de fondo sobre ellos, habría que devolver bienes incautados a corruptos y bandas criminales por valor de seis billones de pesos.
Solo en enero, antes de la entrada de la ley de garantías, Petro firma contratos por 14,8 billones de pesos, un 75% más que Duque en el mismo período; se conoce que a la mamá y al hermano de la ministra de Cultura les dieron contratos por 643 millones solo en lo corrido de este 2026; las quejas contra las EPS controladas por el Gobierno crecieron 51,4% desde que fueron intervenidas; la junta de Ecopetrol mantiene a Ricardo Roa en su cargo, aunque fue imputado por violación de los topes en la campaña presidencial y por una sospechosa y muy barata compra de un apartamento a un contratista de la compañía; la Suprema deja en firme la orden de captura de Carlos Ramón González, compadre de Petro y ex M-19, dueño del Partido Verde y director general de la Presidencia, por la operación de saqueo de la UNGRD y el soborno de congresistas para favorecer a su jefe; Transparencia señala que la corrupción en Colombia empeora y castiga al país con una caída de 12 puestos en el ranking internacional; imputan cargos a Juliana Guerrero, la “pechichona” de Petro y Benedetti que iban a nombrar viceministra, por su título profesional falso; es falsa una denuncia con base en la cual llamaron a calificar servicios al general Urrego: un montaje para justificar sacarlo de la Policía como retaliación por el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en Barranquilla; el Gobierno pasa de emitir 52 billones en TES (títulos de deuda pública) en 2024 a emitir 111 billones en 2025, un 113% adicional. De esa manera, también se vuela el tope —95,8 billones— que podía emitir para 2025.
Apuesto a que el generoso lector que ha tenido la paciencia de llegar hasta acá no se enteró de la inmensa mayoría de estos hechos o los olvidó rápidamente. En la vorágine, perdemos la capacidad de entender y asimilar la espantosa realidad que vivimos en este Gobierno desastroso. La impudicia y lo impensado se han vuelto parte del paisaje.
