Mientras gran parte del país concentra su atención en las disputas políticas nacionales y en los debates alrededor de la implementación de la paz, en las profundidades del Guaviare la guerra sigue dejando muertos, miedo y abandono. Los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, particularmente entre el grupo de alias “Calarcá” y la estructura liderada por alias “Iván Mordisco”, vuelven a demostrar una verdad incómoda: el conflicto armado en Colombia nunca terminó; simplemente mutó, cambió de actores y se adaptó a nuevas dinámicas criminales.
La alerta lanzada por el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, no puede convertirse en una noticia más dentro de la rutina informativa del país. Hablar de más de 50 muertos en combates ocurridos en zonas rurales apartadas no es un dato menor ni una cifra cualquiera dentro de los reportes de orden público. Es la confirmación de que amplias regiones de Colombia continúan atrapadas bajo el control de estructuras armadas ilegales, mientras la presencia efectiva del Estado sigue siendo insuficiente.
El panorama descrito por el mandatario local refleja la gravedad de una crisis silenciosa. Los combates se registran en corredores estratégicos ubicados a más de 140 kilómetros de la capital departamental, en territorios donde las carreteras prácticamente no existen, las comunicaciones son limitadas y la capacidad de reacción institucional resulta precaria. En esas condiciones, la violencia encuentra el escenario perfecto para expandirse y consolidarse.
Lo más preocupante es que esta confrontación ya no responde exclusivamente a motivaciones ideológicas o políticas. Hoy, lo que mueve a estos grupos armados es el control de economías ilegales, rutas del narcotráfico y corredores estratégicos para actividades criminales. La guerra en Guaviare es, sobre todo, una disputa por poder territorial y rentas ilegales. Y, como siempre, las comunidades campesinas terminan atrapadas entre amenazas, restricciones, desplazamientos silenciosos y miedo permanente.
Pensar que la población civil está lejos de esta confrontación sería un error profundamente equivocado. Aunque los enfrentamientos ocurren en fincas dispersas y zonas alejadas de los cascos urbanos, las familias rurales viven bajo una amenaza constante. No solo corren el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado, sino que además enfrentan confinamientos, desabastecimiento, desplazamientos forzados y una sensación de abandono que se ha vuelto parte de la vida cotidiana.
Quizás una de las afirmaciones más alarmantes fue la del propio alcalde al reconocer las enormes dificultades logísticas para ingresar a las zonas afectadas e incluso recuperar los cuerpos reportados tras los combates. Esa confesión deja al descubierto una realidad devastadora: existen territorios donde el Estado no logra ejercer control pleno. Y cuando el Estado pierde capacidad de presencia, acceso y autoridad, quienes llenan ese vacío son inevitablemente las organizaciones armadas ilegales.
La situación también plantea serios interrogantes sobre la estrategia de seguridad nacional. A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en corredores como Charras y Boquerón, las disidencias continúan moviéndose con ventaja en áreas de difícil acceso. Esto demuestra que el problema no puede resolverse únicamente mediante operaciones militares esporádicas. El desafío es estructural y exige una respuesta integral que combine seguridad, inversión social, infraestructura, justicia y presencia institucional permanente.
Guaviare vuelve a convertirse en símbolo de las contradicciones del país. Mientras desde Bogotá se insiste en discursos sobre paz total, en muchas regiones apartadas las comunidades siguen sobreviviendo bajo las reglas de la guerra. La distancia entre el discurso político y la realidad territorial es cada vez más evidente.
También resulta inevitable preguntarse qué ocurrió después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Muchos de los territorios abandonados por la antigua guerrilla jamás fueron ocupados de manera efectiva por el Estado. Ese vacío facilitó el surgimiento y fortalecimiento de nuevas estructuras criminales que hoy continúan disputándose el control de regiones estratégicas. Lo que sucede actualmente en Guaviare es, en buena medida, consecuencia directa de esa ausencia histórica.
El llamado urgente del alcalde Rodríguez al Gobierno Nacional merece ser escuchado con seriedad. No se trata únicamente de enviar más tropas o reforzar operativos militares. Se trata de garantizar condiciones mínimas de seguridad, dignidad y oportunidades para miles de colombianos que sobreviven en zonas rurales históricamente olvidadas.
La paz no puede medirse solo desde los centros urbanos ni limitarse a los acuerdos firmados sobre el papel. La verdadera paz debe sentirse en los territorios, reflejarse en la tranquilidad de las comunidades y traducirse en la presencia real del Estado donde durante décadas solo han mandado las armas.
La tragedia de Guaviare demuestra que Colombia todavía tiene heridas abiertas. Y mientras existan regiones donde la violencia siga reemplazando al Estado, hablar de una paz consolidada seguirá siendo, para millones de colombianos, una promesa lejana.
