La entidad investigará el sistema de atención al usuario de la empresa de energía tras escuchar las denuncias de la comunidad raizal sobre presuntas fallas en el trámite de reclamaciones. Además, revisará casos individuales relacionados con el cobro del servicio.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció el inicio de una auditoría al sistema de atención al usuario de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés (Sopesa), luego de recoger múltiples inquietudes y denuncias presentadas por la comunidad raizal sobre el manejo de las reclamaciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica en el archipiélago.
La decisión fue adoptada tras una jornada de trabajo encabezada por el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, junto con la gobernadora encargada del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vilma Jay, quienes sostuvieron encuentros con líderes comunitarios, vocales de control, autoridades locales y representantes de las empresas responsables de la prestación e interventoría del servicio.
Durante la reunión, los habitantes manifestaron su preocupación por el incremento en las tarifas de energía y por las dificultades que, según señalaron, enfrentan al momento de presentar reclamaciones ante la empresa prestadora.
Como respuesta, la Superintendencia anunció una auditoría específica al área de atención al usuario de Sopesa, tras detectar posibles inconsistencias en el registro y la gestión de las solicitudes radicadas por los usuarios.
«Queremos garantizar que cada ciudadano reciba un debido proceso en la atención de sus reclamaciones y que sus derechos como usuarios de los servicios públicos sean plenamente respetados», indicó el superintendente Felipe Durán durante el encuentro.
La entidad también se comprometió, en coordinación con la Gobernación, a revisar uno a uno los casos particulares presentados por la comunidad, para verificar si las actuaciones de la empresa se ajustaron a la normatividad vigente.
- Derechos de los usuarios
Durante la jornada, la Superintendencia realizó un ejercicio pedagógico para recordar los derechos que tienen los usuarios cuando presentan reclamaciones por la facturación del servicio.
El superintendente recordó que, mientras una factura se encuentre en proceso de reclamación, la empresa no puede exigir el pago del valor cuestionado ni suspender el servicio hasta que exista una decisión definitiva sobre el caso.
Asimismo, explicó que si la empresa rechaza la reclamación, el usuario puede interponer un recurso de reposición con subsidio de apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes. En caso de que dicho recurso sea rechazado, también existe la posibilidad de acudir directamente ante la Superintendencia mediante un recurso de queja.
- La transición energética, una solución de fondo
Durante su visita al archipiélago, Durán insistió en que las dificultades tarifarias de San Andrés tienen un componente estructural asociado a su condición de Zona No Interconectada (ZNI), donde la generación de energía depende principalmente del diésel, un combustible sujeto a la volatilidad de los mercados internacionales.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades locales, la comunidad y los diferentes actores del sector energético para avanzar en la implementación de proyectos de transición energética que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir los costos del servicio para los habitantes del archipiélago.
La Superintendencia señaló que el seguimiento a Sopesa hará parte de una estrategia para fortalecer la protección de los derechos de los usuarios y verificar que la empresa cumpla con los estándares de calidad, continuidad y atención establecidos por la regulación vigente.
