Lo que comenzó como una disputa en la red social X terminó escalando hasta los estrados judiciales y hoy tiene un nuevo capítulo en la jurisdicción penal. Desde 724 Noticias hemos seguido de manera permanente el proceso que enfrenta la contratista de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, Fany Dinora Pachón Rodríguez, y el ingeniero y columnista de este portal, Álvaro González Álvarez, un expediente que, tras casi tres años de actuaciones judiciales, desembocó en la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
El origen del caso se remonta a noviembre de 2023, cuando Pachón Rodríguez publicó en la red social X una serie de afirmaciones en las que señalaba al ingeniero González de ser, supuestamente, un despojador de tierras pertenecientes a comunidades raizales en el sector de Serena del Mar, en Cartagena de Indias.
Al considerar que esas publicaciones vulneraban sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, González acudió a la justicia constitucional e interpuso una acción de tutela ese mismo mes. La controversia dio un giro en febrero de 2024, cuando un juzgado de segunda instancia ordenó a Fany Pachón retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas contra el ingeniero.
Sin embargo, según las actuaciones que reposan en el expediente judicial, la orden no fue acatada en los términos dispuestos por el despacho. Por el contrario, la contratista continuó realizando publicaciones en sus redes sociales en las que manifestó, entre otras expresiones, que «nadie le daba órdenes», que «un juez no podía decidir sobre lo que ella quería hacer», que prefería «morir antes que retractarse» y que era «inimputable».
Ese incumplimiento dio paso a una cadena de actuaciones judiciales que incluyeron incidentes de desacato, sanciones, órdenes de retractación, acciones de tutela, denuncias penales, investigaciones y múltiples audiencias programadas.
El episodio más reciente ocurrió el 5 de agosto de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cartagena, imputó cargos a Fany Pachón Rodríguez por el presunto delito de fraude a resolución judicial, previsto en el artículo 454 del Código Penal Colombiano.
La actuación de la Fiscalía tiene origen en una denuncia penal presentada por Álvaro González en diciembre de 2024, después de que, según la denuncia, la contratista persistiera en el incumplimiento de la orden judicial que le exigía retractarse.
El artículo 454 del Código Penal establece:
«El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»
Cronología del caso
- Noviembre de 2023: Álvaro González Álvarez interpone una acción de tutela contra Fany Pachón Rodríguez por presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra.
- Febrero de 2024: Un juzgado de segunda instancia ordena a Pachón Rodríguez retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas contra González.
- Marzo de 2024: La contratista solicita la adición y complementación del fallo de tutela. La petición es rechazada por el despacho judicial.
- Mayo de 2024: El juzgado de primera instancia declara el primer incidente de desacato y sanciona a Pachón Rodríguez con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Junio de 2024: El mismo despacho judicial modula el cumplimiento del fallo y dispone que la retractación sea publicada en el diario El Tiempo.
- Agosto de 2024: El superior jerárquico confirma la sanción impuesta dentro del incidente de desacato.
- Septiembre de 2024: Pachón Rodríguez presenta una tutela contra el juzgado que tramitó el incidente de desacato, buscando dejar sin efectos la decisión. La acción es negada en primera y segunda instancia.
- Diciembre de 2024: Álvaro González presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fraude a resolución judicial.
- Marzo de 2025: La Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena expide mandamiento de pago para hacer efectiva la multa de diez salarios mínimos impuesta a Fany Pachón Rodríguez.
- Octubre de 2025: Fany Pachón es arrestada durante tres días en cumplimiento de la sanción impuesta dentro del primer incidente de desacato.
- Diciembre de 2025: El juzgado de segunda instancia emite un segundo incidente de desacato y sanciona a Fany Pachón con diez días de arresto y el pago de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Marzo de 2026: Se programa el primer intento de audiencia de formulación de imputación. La diligencia no se realiza debido a la inasistencia de Fany Pachón.
- Abril de 2026: Álvaro González solicita la apertura de investigaciones disciplinarias y penales contra Bruno Hernández Ramos, entonces secretario del Interior de Cartagena; Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena; y Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.
- Mayo de 2026: Se convoca un segundo intento de audiencia de formulación de imputación. La diligencia fracasa por la inasistencia de Fany Pachón y del fiscal Juan Carlos Useche Vivero, quien presentó excusa minutos antes de iniciar la audiencia. Ese mismo día, Pachón publica su retractación en el periódico El Tiempo.
- Junio de 2026: Álvaro González presenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar para que se investiguen las actuaciones del fiscal Juan Carlos Useche Vivero por una presunta dilación deliberada del proceso, pese al material probatorio existente.
- Julio de 2026: Se programa un tercer intento de audiencia de formulación de imputación. Una nueva fiscal asume el caso y solicita aplazar la diligencia para el mes de agosto.
- Agosto de 2026: En el cuarto intento de audiencia, la Fiscalía 59 Seccional Cartagena formula imputación contra Fany Pachón Rodríguez por el presunto delito de fraude a resolución judicial. La procesada no aceptó los cargos.
Mientras el proceso continúa su curso en los despachos judiciales, el expediente se consolida como uno de los casos de mayor repercusión reciente en Cartagena relacionados con publicaciones en redes sociales, el cumplimiento de órdenes judiciales y la eventual configuración del delito de fraude a resolución judicial.
El caso también pone de relieve el alcance jurídico que pueden tener las publicaciones realizadas en plataformas digitales cuando son objeto de decisiones judiciales y la obligación de cumplir los fallos emitidos por los jueces.
En adelante, será la jurisdicción penal la encargada de definir la responsabilidad de la procesada dentro del proceso que ahora entra en una nueva etapa, tras la imputación formal de cargos. Como reza un viejo refrán: «Somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras».
