La Procuraduria ordenó abrir indagación preliminar contra varios funcionarios de la Alcaldía de Cartagena de Indias por presuntas irregularidades presentadas en la planeación y selección del operador del Plan de Alimentación Escolar PAE en la ciudad.
La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.
El ente de control solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a la educación de 89 mil alumnos.
La Procuraduría General de la Nación, también abrió investigación contra dos gobernadores de Norte de Santander y formuló pliego de cargos al mandatario encargado en Putumayo.
En Norte de Santander el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria al gobernador William Villamizar Laguado (2016 – 2019), y a otros dos funcionarios de la administración, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE por un monto superior a los 51.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa, con lo que habría omitido presuntamente citar a una convocatoria pública, tal como se requería en atención al objeto contractual y las actividades que se debían desarrollar.
Igualmente la selección del contratista se habría realizado, aparentemente, de manera sesgada y subjetiva sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.
Los convenios que son objeto de la investigación fueron otorgados por la gobernación a la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017.
La investigación disciplinaria también cobija a la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola Cáceres Peña.
El órgano de control formuló pliego de cargos al Gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío Mallama Quetama, y a otros dos funcionarios de la administración, por presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900 millones, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017.
El pliego de cargos también se aplica al secretario de Educación del departamento, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.
Para el Ministerio Público el contrato se habría adjudicado a la unión temporal El Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de Colombia, sin que presuntamente la gobernación contara previamente con los estudios técnicos y financieros precisos, que permitieran establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado.
Entre las presuntas irregularidades que se investigan están posibles sobrecostos por más de 26 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias, situación que habría reducido el número de menores beneficiados por el programa.
La Procuraduría también investiga si los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista, y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos, exigencia que habría limitado la inscripción de oferentes y generado, aparentemente, un direccionamiento en la contratación. Esa herramienta en la práctica no fue utilizada por la empresa seleccionada.
Igualmente la gobernación ofreció un puntaje específico para el oferente que implementara un análisis microbiológico y físico-químico como control de los alimentos entregados, a pesar de que ese mecanismo estaba contemplado en las obligaciones propias del contrato. Para el Ministerio Público esa condición adicional podría haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar, porque hacía más oneroso el valor del contrato a ejecutar.
También se investigan las condiciones generales del proponente escogido, y si las empresas que la 
conforman cuentan con las capacidades jurídicas y financieras, y las condiciones de experiencia y de organización necesarias para ejecutar un contrato como el adjudicado, que tenía como objetivo beneficiar a 57.729 estudiantes del departamento.
Por esos hechos, la conducta aparentemente desplegada por los funcionarios habría violado los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva en la contratación pública, al incumplir los lineamientos técnicos fijados por el Ministerio de Educación para el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
