Las más de 100 denuncias que presenté por delitos ambientales en 2007 todas fueron precluídas o inhibidas, estimulando la conducta delictiva de talar, invadir y ‘negociar’ los cuerpos de agua y orillas de Cartagena.
Con una Fiscalía que no se mueve de oficio en lo ambiental y que desestimuló la denuncia ciudadana, la realidad judicial de la ciudad es paradójica: invadida y con su naturaleza vejada, no existen ni han existido acciones contundentes contra los delitos que destrozan las zonas de bajamar, afectando los recursos naturales, el ambiente y el ordenamiento territorial.
Desmiéntanme, pero no conozco llamamiento a juicio ni condenas al respecto.
Es extraño que las eventuales denuncias de la Capitanía del Puerto o de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique-, resultantes de sus procesos administrativos, no conduzcan a vincular e imputar a alguien.
Así la conducta ilegal se ha ‘legalizado’ y el invasor se ha potenciado y de paso envalentonado. Prueba de ello es la barbarie deforestadora entre Tierrabaja y Puerto Rey o las coartadas de las prescripciones o los silencios.
No se escucha que por orden de la Fiscalía capturaron y desalojaron a usurpadores de un espacio público protegido, repararon un daño o castigaron a los miembros del “Cartel del Relleno”. Poco hablan de las infracciones ambientales en el Código Penal.
Es una muestra de la tenacidad del cáncer y la ceguera, y de que la solución tiene que ser de fondo. Un Ecobloque eficiente y duradero requiere una activa participación del ente acusador, un compromiso ambiental del fiscal general con el procurador, las Fuerzas Armadas, el alcalde y la ciudadanía.
La cura del mal se llama Justicia y ella requiere ejercicio de autoridad, integración del poder del Estado, inteligencia y equipo que extirpe el tumor de la impunidad, los carteles de todos los colores y desmantele y venza el ADN colectivo exaltador del interés individual permisivo, que admite que continúe el sacrificio del capital natural.
Los servidores del Estado son la primera línea pero también nosotros y las organizaciones y gremios actores y barrera de contención.
Más allá de la ideología hay que cambiar y fortalecer valores colectivos. El Ecobloque es una enmienda Distrital con sentimiento renovado que debe expresar el honor de ser defensores de la Soberanía, protectores de los bienes de uso público y del Patrimonio Natural.
Defender el Territorio es una dignidad que educa y garantiza a la sociedad la adaptación frente al cambio climático y requerimientos del futuro.
Como sociedad podemos trascender con ecosistemas sanos y zonas de bajamar cuidadas que garanticen biodiversidad, servicios ambientales y seguridad alimentaria. Lograrlo es posible si impedimos la continuidad de la agresión y reconstruimos.
El dominio del Estado sobre el Territorio ambiental protegido dignifica y fortalece el interés general sobre un sector de la sociedad individualista, indolente e indiferente que imponen el negocio y la ambición si hay ausencia o debilidad de las sanciones penales y administrativas.
