El tiempo del mundo y la crisis climática exige a quien tiene derechos que asuma sus obligaciones con sensatez y acatamiento de la Constitución, leyes y regulaciones. El tema es de responsabilidad y autoridad, sana convivencia social con el Estado, el Territorio y las especies.
Necesitamos rigor, acatar todos las normas que regulan las relaciones individuales o colectivas con el ambiente y la naturaleza. Urge parar el desborde depredador que desconoce la necesidad de adaptación climática y la sostenibilidad demandada por la sociedad y el país. Hoy somos más requiriendo y usando servicios ecosistémicos e impactando los recursos, el suelo y la atmósfera. Algunos, con diferente grado de responsabilidad y estrato, justifican e imponen el uso y el abuso, y las apropiaciones de lo que es de todos.
La informalidad que acarrea la necesidad no puede, por ausencia de autoridad, tolerancia o tutelas, seguir imponiéndose a la formalidad, máxime cuando lo sustancial evita que se sacrifique, lotee o contamine el capital natural o el recurso protegido, generando riesgo al ecosistema al violar las normas ambientales y penales.
Pensando en Playa Blanca, es claro que la comunidad tiene que ser la principal favorecida con su uso turístico, pero no es dable la continuidad del abuso por la inversión de particulares, incluso extranjeros, y la venta de paquetes turísticos para, sin regulación, pernoctar en hostales construidos con mangle, que también está prohibido.
Hay una responsabilidad de las autoridades que no pudieron impedirlo, y también de quienes con simulaciones se oponen a cumplir con la ley y contaminan las lagunas y las transparentes aguas de la playa coralina. La ley 70/93 es clara en sus artículos 3 y 6: los Consejos Comunitarios no pueden disponer de los bienes de uso público y están obligados a cuidar los recursos naturales.
La violación sistemática encontró solución en la Resolución 7579 del 26 de febrero de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó el cierre inmediato de las pernoctadas, lo que estaba prohibido. El Alcalde y el secretario del Interior harán cumplir la orden.
Y en el otro lado, en la Ciénaga de la Virgen, hay esta situación crítica en Marlinda y en Villagloria menos. Pese a la sentencia del Consejo de Estado que reconoció y ordenó su reubicación en veremos, la invasión de la zona de bajamar continúa y se está desacatando con ventas de “lotes”, incluso a crédito, según denuncia recibida en la Procuraduría y trasladada a la Fiscalía.
Para incumplir el fallo recurrieron con una negada tutela encabezada por su vendedora líder y “propietarios y poseedores no afrodescendientes”, incluso extranjeros, cobijados por un consejo comunitario que al hacerlo, viola la ley 70.
Actúa como cómplice irresponsable capaz de cruzar comuneros e impedir a una juez Civil del Circuito y su comitiva, realizara una inspección ocular en una Acción Popular que busca recuperar ciénaga de un inmenso relleno. Nos tocó pellizcarnos en el Ecobloque.
