Al fallar una tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó a las alcaldías de esa ciudad y de Turbaco, Bolívar, suministrar los elementos de protección sanitaria a las personas privadas de la libertad -PPL- en las Unidades de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía, estaciones de Policía y centros transitorios de detención de los dos municipios.
Al amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida y salud, el alto tribunal solicitó a las dos entidades territoriales entregar elementos como guantes, tapabocas, jabones, gel antibacterial y alcohol, así como permitir el acceso al servicio de agua y baterías sanitarias a las PPL y al personal de custodia, con el propósito de reducir el riesgo de contagio del covid-19.
Igualmente, ordenó que se les garantice la asistencia en salud, el acceso a servicios médicos de urgencias y verificar que se cumpla el distanciamiento personal en esos lugares.