Después de cuarenta años, la herida no solo sigue abierta, sino que se ahonda. En buena medida, porque los hechos muestran una profunda asimetría en el trato que la sociedad y el sistema judicial han dado a los soldados y al M-19. En parte también por las mentirosas declaraciones de Petro y las acciones de propaganda de la izquierda extrema, que pretenden reescribir la historia del asalto al Palacio de Justicia.
A los miembros de la Fuerza Pública los han juzgado, están privados de su libertad y perdieron sus derechos políticos. Los del M-19 quedaron en la impunidad y hoy ocupan los más altos cargos del Estado.
Álvaro Uribe, ponente en su momento de la ley que benefició a los guerrilleros, ha abierto un debate al plantear que “a los militares que participaron en el rescate del Palacio se les concedan todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”. Busca eliminar la patente inequidad en el tratamiento jurídico dado a soldados y guerrilleros.
Jorge Enrique Ibáñez ha sostenido que los dos indultos de los noventa al M-19 no exoneran a los guerrilleros de responder por los delitos cometidos en el asalto. El presidente de la Corte Constitucional argumenta que esos indultos vulneran las normas internacionales que sostienen que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser amnistiados o indultados y que debe haber sanción efectiva para ellos.
Ambas posturas son ciertas y, al mismo tiempo, abiertamente contrarias. La del expresidente pretende que no sean los uniformados los únicos que rindan cuentas ante la justicia, y la del magistrado Ibáñez, que no haya impunidad para los guerrilleros.
No hay, sin embargo, solución fácil. Tiene razón el magistrado cuando sostiene que el derecho penal internacional contemporáneo obliga a investigar, juzgar y que haya sanción efectiva de los crímenes internacionales. Pero hay una duda jurídica: ¿la obligación de sanción efectiva a los crímenes internacionales se aplica a aquellos cometidos antes de la entrada en vigencia, el 1.º de julio de 2002, del Estatuto de la Corte Penal Internacional? La idea de su aplicación retroactiva es, como mínimo, polémica. Y hay dos consecuencias prácticas muy problemáticas.
La primera, que el primer afectado por una decisión que impidiera la impunidad de los crímenes cometidos por el M-19 en el asalto sería Petro, que, aunque nunca fue indultado y no hizo parte de las unidades del M-19 que entraron al Palacio porque fue capturado unos días antes, sí participó en la planeación del ataque. La segunda, que con la tesis de la necesidad de sanción efectiva se cae la impunidad de facto pactada en 2016 para las Farc.
Así las cosas, lo que se viene será, por un lado, una defensa férrea de las Farc, la extrema izquierda y el petrosantismo de la impunidad del M-19, y, por el otro, una presión de algunos funcionarios judiciales y víctimas para que se abran procesos judiciales y se establezcan sanciones para los responsables del Eme. En esa tensión quizás tenga más oportunidad de éxito la propuesta de Uribe. Clave será, en cualquier caso, el próximo Congreso. Tendrá en sus manos cualquiera de los caminos legales. Lo que no puede ocurrir es que no pase nada y todo quede como hoy, en abierto desequilibrio contra los miembros de la Fuerza Pública.
Por otro lado, es indispensable evitar la distorsión de la verdad que buscan Petro y la extrema izquierda con declaraciones en redes sociales, libros y películas, algunas de las cuales son abierta propaganda a favor del M-19. Petro, que es consustancialmente mentiroso, ha sostenido que el M-19 no tuvo relación alguna con el narcotráfico para el asalto y que quien asesinó a los togados fue el Ejército, porque “ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados”.
No hay duda alguna de que Pablo Escobar financió el asalto al Palacio. Escobar, después de que negociaran la liberación de Martha Nieves Ochoa, secuestrada por el Eme, se hizo amigo de Iván Marino Ospina. Según testimonios de la hermana de Pablo, de Virginia Vallejo y de Popeye, Escobar financió al M-19 y le dio dos millones de dólares para el asalto y para quemar los expedientes de extradición.
Distintos testimonios de magistrados que salieron vivos, y los hechos mismos, muestran que el Eme fue directamente a buscar a los magistrados de las salas Constitucional y Penal de la Corte, que eran quienes tenían a su cargo resolver la constitucionalidad del tratado de extradición y aprobar las extradiciones. Además, el día del asalto la Sala Constitucional estudiaría la ponencia favorable a la extradición.
No es coincidencia que fueran los magistrados de esas salas, con un par de excepciones, los asesinados. Y los mató el M-19, como dicen los análisis forenses y los testimonios de magistrados que, como Samuel Buitrago, Nemesio Camacho, Humberto Murcia Ballén y Hernando Tapias, sobrevivieron al asalto.
El Eme, como las Farc más recientemente, no ha contado la verdad, no reparó a las víctimas, ha vivido del Estado y ha gozado de total impunidad. Ahora, desde el poder, pretende torcerle el cuello a la realidad.
