Gustavo Petro, quien durante años condenó los bombardeos contra campamentos de grupos armados, termina ordenando las mismas operaciones que antes calificaba como “barbarie de Estado”. Su cambio de postura evidencia incoherencias profundas en su discurso sobre la paz total.
Durante años, Gustavo Petro construyó su carrera política afirmando, con tono casi religioso, que los bombardeos contra campamentos de grupos armados eran crímenes de Estado, actos desproporcionados y violaciones flagrantes de los derechos humanos. Lo sostuvo como senador, lo repitió como candidato y lo amplificó en redes, convirtiendo cada operación militar del gobierno de Iván Duque en una prueba —según él— del carácter “guerrerista” del establecimiento.
Para Petro, la muerte de menores reclutados por organizaciones criminales era responsabilidad exclusiva del Estado, aunque evitara nombrar a los grupos que los utilizaban como escudos humanos.
Hoy, ya en el ocaso de su mandato, enfrenta el mismo dilema que utilizó como arma política: la realidad del conflicto armado no cambia con discursos ni cede ante slogans de campaña. Y, para sorpresa de quienes confiaron en su coherencia narrativa, el propio Petro ha debido ordenar bombardeos contra disidencias y organizaciones criminales que él mismo presentó como potenciales aliadas de una negociación totalizante.
La ironía es contundente: el hombre que acusó a su antecesor de no evitar muertes de menores ahora enfrenta exactamente la misma circunstancia que calificó como “moralmente condenable”.
El problema no es solo el cambio de posición, sino el doble rasero político que revela. El Petro opositor exigía milagros. El Petro presidente descubre que gobernar implica decisiones trágicas.
La protección de la población —niños, campesinos, comunidades desplazadas, líderes sociales— exige operaciones ofensivas contra grupos que no entienden de gestos simbólicos. Los criminales no se desmovilizan por decreto ni entregan armas movidos por la retórica ideológica.
Mientras el Gobierno ofrecía diálogo, las disidencias siguieron reclutando menores, extorsionando, asesinando y expandiendo su control territorial.
Resulta chocante oír al presidente asegurar que “asume cualquier responsabilidad”, como si fuera un acto de heroísmo. No lo es. Es una obligación constitucional. Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, Petro no realiza un sacrificio personal: simplemente cumple —tarde— con el deber que el cargo le impone. Su responsabilidad es proteger a los colombianos, no blindar a quienes trató con guantes de seda en nombre de una paz total que nunca tuvo sustento real.
La ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos ya expresaron preocupación por la situación. Las mismas advertencias que Petro usó como artillería política contra Duque hoy las minimiza o ignora. Porque ahora las responsabilidades no son un arma, sino un peso.
Quizá lo más inquietante es la frialdad con la que ahora se refiere a la presencia de menores en campamentos criminales. Antes, cada niño muerto era evidencia de la “crueldad del Estado”. Hoy, durante su propio gobierno, pareciera que el cálculo es distinto. Desaparecieron los trinos indignados, las conferencias moralistas y el tono profético.
Y algunos defensores del presidente han llegado a afirmar que “esta vez no son niños de Gaza, son colombianos”, una frase que exhibe la instrumentalización política del dolor infantil según la conveniencia del momento.
La “paz total” fue presentada como una visión innovadora; terminó siendo un experimento fallido que fortaleció a los grupos armados. Mientras el Estado se acercaba con ofertas de diálogo, ellos respondían con fusiles, minas, desplazamientos y reclutamiento forzado. El resultado es un país más vulnerable, un Estado debilitado y un presidente obligado a recurrir a las mismas herramientas que satanizó durante años.
- Los “siete pareceres de Petro”: un estilo que confunde y erosiona la confianza
La contradicción política se agrava al observar su volatilidad discursiva. Un día sostiene una postura; al siguiente, la contradice; luego la reformula. Este vaivén —que muchos ya llaman los “siete pareceres de Petro”— evidencia que su proyecto carece de claridad estratégica. La política de seguridad ha sido un péndulo ideológico sin dirección, dejando al país sin brújula y a las Fuerzas Armadas sin respaldo.
Petro no solo enfrenta críticas de organismos internacionales, sino la incredulidad de un país que observa cómo exige comprensión en circunstancias en las que él jamás concedió ese margen a sus antecesores. Cuando gobernaba otro, la moral era absoluta y ahora que gobierna él, la moral es relativa y mientras tanto, las comunidades rurales siguen atrapadas entre estructuras criminales que no ceden y un Gobierno que llegó prometiendo transformaciones profundas, pero terminó improvisando. Hoy, Petro está exactamente donde criticó que estaba su antecesor, solo que esta vez no hay marchas promovidas por su partido, ni indignación mediática, ni discursos altisonantes. La realidad lo alcanzó. Y la realidad no perdona incoherencias.
Porque, al final, el problema no es que Petro haya ordenado los bombardeos. El problema es que mintió al país cuando aseguró que existía una alternativa viable para evitar estas tragedias. Hoy queda claro que esa alternativa nunca existió. Fue discurso, no política. La paz total fue una ilusión contundente en el micrófono, pero vacía en su ejecución.
La historia dejará constancia de que, frente al mismo escenario, Petro hizo exactamente lo que criticó. Pero lo hizo tarde, a regañadientes y sin la coherencia que exige un estadista. El doble rasero no es un accidente: es la esencia de su forma de gobernar.
