“…las actuales opciones presidenciales deben atemperar sus posiciones radicales y direccionar sus planes de gobierno hacia la comunidad…”
La política en Colombia se ha movido en diferentes espacios, formas y lenguajes, con enfrentamientos de alto voltaje sin importar las consecuencias, que ya están a la vista, rememorando la trágica historia que nuestro país ha vivido. Esto se evidencia principalmente en boca de los candidatos con opción de llegar al solio de Bolívar, como la izquierda de Cepeda y la derecha de Paloma y el Tigre De la Espriella. Sin embargo, parece que ninguno de ellos ha estudiado la geopolítica, la gobernanza y la gobernabilidad.
Ellos parecen olvidar que no es necesario sembrar odio, terror y temor entre los votantes de uno u otro bando. No han entendido que los Estados han evolucionado de tal manera que difícilmente un gobierno de derecha, centro o izquierda puede implementar sus teorías o políticas sin mirar el contexto interno y externo.
Observamos cómo lo que llaman la dinámica de la política, para ellos no existe. Han derivado en sátiras, agresiones verbales, preguntas de doble sentido, insultos y chismografía que, desafortunadamente, desplazaron los argumentos sociales, económicos, políticos e ideológicos relacionados con los verdaderos problemas estructurales de Colombia, los cuales deberían exponer para que la población decida cuáles son las mejores propuestas realizables.
La gobernanza no se ejerce con base en concepciones personales de tipo económico, político, social o religioso, ya que depende de una sociedad de consumo que avanza mucho más rápido que la política. Sin embargo, esa gobernanza se ha convertido en estigmatización, como la que expresan en portales falsos creados por ellos mismos para denigrar de sus contendores: que Paloma es nieta de un expresidente corrupto y solo dice que su papá es Uribe; que Cepeda es hijo de guerrillero; que De la Espriella era ateo y hoy es creyente y socio de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, procesado actualmente en Estados Unidos; o que una candidata y un vicecandidato pertenecen a la comunidad LGBTI.
Lo que no expresan en sus planes de gobierno es cómo resolver los grandes problemas que nos agobian: la inseguridad; los grupos al margen de la ley; el tráfico de drogas y de personas; la desigualdad; la falta de empleo digno; la economía subterránea y la informalidad, con un aumento geométrico de vendedores ambulantes y estacionarios; así como la problemática del sector rural, donde muchos campesinos son contratados sin derechos laborales ni aportes a salud y pensión.
La lucha contra la corrupción debe ser de primera línea. De allí se desprende que tenemos una calificación de 37 puntos sobre 100 y nos ubican en el puesto 99 entre 182 países, retrocediendo con relación a 2024, cuando, aunque también ocupábamos una posición deficiente, estábamos en el puesto 92 con 39 puntos. La premisa de que en Colombia ser corrupto “sí paga” es una verdad evidente. No importa el diploma de convicto o exconvicto cuando el corrupto sabe que no tiene necesidad de esconderse de las sanciones de la Procuraduría o de la Fiscalía, ya que termina en libertad o con casa por cárcel y con dineros ocultos en paraísos fiscales.
La corrupción en nuestro país es propia de criminales y así deberían ser castigados. Ese abuso del poder va en detrimento del interés colectivo y de la sociedad en general. Basta con analizar la problemática desde el inicio del Proceso 8.000 o la parapolítica a principios del presente siglo, con impresionantes casos de escándalos que ayudaron al deterioro de sectores económicos importantes, como el sistema financiero, la educación y la salud, entre muchos otros. Sin embargo, muy pocos de los actuales candidatos hablan de ello, aun cuando saben que sus entornos están infiltrados.
Lo que debería ser un verdadero tema de debate político, con propuestas serias y realizables, es lo concerniente a la pobreza multidimensional, que debe continuar su proceso de disminución, ya que bajó del 11,5 % en 2024 al 9,9 % en 2026, favoreciendo a 5,2 millones de personas en esa condición. En cuanto a la pobreza monetaria, observamos cambios favorables en la última década, pues Colombia se ubicó en 2026 con un 31,8 %, disminuyendo 2,8 % con relación al año 2025. Esto nos indica que 1,2 millones de colombianos salieron de esa humillante condición, cuyos responsables directos han sido fenómenos asociados a la corrupción.
En consecuencia, las actuales opciones presidenciales deben atemperar sus posiciones radicales y direccionar sus planes de gobierno hacia la comunidad, además de cumplirlos durante su mandato, especialmente en lo relacionado con los acuerdos de paz, un verdadero estatuto de la oposición, la libertad de expresión en los medios de comunicación, el fortalecimiento de la inversión extranjera y el respeto a la propiedad privada. Asimismo, deben minimizar los costos de la prestación de los deficientes y costosos servicios públicos, fortalecer la educación pública y la salud. En otras palabras, queremos un presidente que ejerza liderazgo sin abuso de poder y que combata, mediante políticas públicas, la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el racismo y los radicalismos extremos, evitando los crímenes de odio como forma de vida.
Eso es lo que deseamos de nuestro próximo presidente. Votemos por quien nos ofrezca esas garantías. El voto es secreto…
