Los audios revelados sobre los acercamientos entre representantes del Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo han vuelto a poner en el centro del debate una de las políticas más ambiciosas —y también más controvertidas— de este gobierno: la Paz Total. A medida que el mandato presidencial se acerca a su fin, la promesa de pacificar el país parece dar paso a un balance marcado por cuestionamientos, resultados inciertos y un creciente debate sobre el costo institucional de esa estrategia.
Durante cuatro años, el Gobierno defendió la Paz Total como un cambio de paradigma frente al conflicto armado. Se insistió en que el diálogo con los actores ilegales era un paso indispensable para construir una Colombia más segura, reconciliada y estable. Sin embargo, el desenlace de esta política dista de ser concluyente. En lugar de un consenso sobre sus logros, hoy predominan las dudas acerca de sus alcances, la forma en que fue implementada y las consecuencias que pudo haber tenido sobre la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Las recientes revelaciones periodísticas sobre conversaciones sostenidas entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y miembros del Clan del Golfo representan un nuevo capítulo de esa discusión. Los audios conocidos públicamente mencionan temas como la reducción de operaciones militares, la suspensión de bombardeos, la revisión de procesos de extradición, el levantamiento de órdenes de captura e incluso referencias a cambios dentro de la Fuerza Pública. Entre las expresiones divulgadas sobresale la frase «jugar a los congelados», interpretada por distintos sectores como una eventual solicitud para reducir la presión militar contra esa organización.
Más allá del contenido de esas conversaciones, el episodio ha reavivado los interrogantes sobre varias decisiones adoptadas desde el inicio del actual gobierno. Una de ellas fue la profunda renovación de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, considerada una de las mayores reestructuraciones en la historia reciente del país. Oficialmente, el Ejecutivo la presentó como una apuesta por la modernización institucional y la implementación de una nueva doctrina de seguridad. Sin embargo, para sus críticos, aquella decisión terminó generando incertidumbre en momentos en que comenzaba a ponerse en marcha la estrategia de Paz Total.
A ese debate se sumó la percepción, ampliamente expresada por diversos sectores políticos y analistas, de un deterioro en la moral de la Fuerza Pública. Mientras el Gobierno impulsaba acercamientos con organizaciones armadas ilegales, numerosos militares y policías manifestaban preocupación por la inseguridad jurídica de sus actuaciones y por lo que consideraban una disminución del respaldo institucional frente a las amenazas que enfrentan en el cumplimiento de sus funciones.
La política también estuvo acompañada por decisiones como el nombramiento de gestores de paz provenientes de estructuras armadas, la suspensión temporal de órdenes de captura y otros mecanismos orientados a facilitar acercamientos con diferentes organizaciones ilegales. Para el Gobierno, estas medidas constituían instrumentos necesarios para abrir espacios de negociación. Para sus detractores, en cambio, enviaron un mensaje de flexibilidad que habría sido interpretado por algunos grupos como una oportunidad para fortalecer sus capacidades criminales.
Las cifras sobre seguridad y la realidad en numerosas regiones del país alimentan esa controversia. En distintos territorios aumentaron las denuncias por extorsión, persistieron los secuestros, se expandieron economías ilegales como la minería ilícita y varias organizaciones armadas consolidaron su presencia en corredores estratégicos. Para miles de habitantes de zonas rurales, la expectativa de una reducción de la violencia terminó chocando con un escenario donde el control territorial de grupos ilegales siguió siendo una realidad cotidiana.
Naturalmente, negociar con organizaciones armadas no constituye, por sí mismo, una irregularidad. La historia reciente de Colombia demuestra que todos los procesos de paz han requerido contactos preliminares, conversaciones reservadas y mecanismos de construcción de confianza. El verdadero debate surge cuando esos acercamientos generan la percepción de que pudieron comprometer la capacidad operativa del Estado o afectar principios esenciales como la autoridad legítima, la independencia institucional y la aplicación de la justicia.
Tras la divulgación de los audios, Danilo Rueda ha defendido el contexto en el que se produjeron esas conversaciones, mientras que el exministro de Defensa Iván Velásquez ha marcado distancia frente a algunas de las afirmaciones conocidas públicamente. No obstante, el episodio ha abierto un nuevo frente de discusión política y ha fortalecido las voces que exigen explicaciones más detalladas sobre las decisiones adoptadas durante los primeros meses de implementación de la Paz Total.
Quizá la mayor paradoja de esta política radica en que una iniciativa concebida para reducir la violencia hoy enfrenta cuestionamientos precisamente por la posibilidad de haber fortalecido, directa o indirectamente, a algunos de los actores armados que pretendía desmovilizar. Más allá de las responsabilidades individuales, el debate ya no gira únicamente alrededor de las buenas intenciones del proyecto, sino sobre sus resultados concretos y sus efectos institucionales.
Colombia seguirá necesitando construir caminos hacia la paz. Esa aspiración no admite discusión. Pero también exige preservar principios que constituyen la esencia misma del Estado de derecho: el monopolio legítimo de la fuerza, la solidez de las instituciones, el respaldo a quienes garantizan la seguridad y la protección efectiva de los ciudadanos.
Porque la paz solo puede consolidarse cuando el diálogo se desarrolla desde la fortaleza institucional y no desde la percepción de debilidad. De lo contrario, el riesgo es que quienes terminen capitalizando las concesiones no sean las comunidades afectadas por la violencia, sino las organizaciones que han hecho del crimen su principal instrumento de poder.
Ese es, quizá, el interrogante más profundo que deja la Paz Total y que Colombia tendrá que responder cuando haga el balance definitivo de este capítulo de su historia reciente.
