Hay una pregunta particularmente importante cuando se habla del ejercicio del poder: ¿qué tan dispuesto está un gobernante a responder las preguntas incómodas que le formulen los ciudadanos?
La expresión “boca é champú”, utilizada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para referirse a quienes cuestionan o critican, puede ser coloquial, caribeña e incluso ingeniosa. Pero cuando una expresión de ese tipo sale de un mandatario en ejercicio, adquiere otra dimensión. Ya no es simplemente una frase de conversación callejera.
Una administración pública no puede pretender que toda crítica sea considerada un ataque, ni tampoco puede asumir que toda crítica es automáticamente cierta. Entre el aplauso incondicional y la oposición sin fundamento existe algo mucho más importante: el derecho ciudadano a preguntar y la obligación de responder con información verificable.
Si una cifra es incorrecta, se corrige con la cifra oficial. Si una afirmación es falsa, se explica por qué. Si una obra está terminada, se muestran sus resultados y los documentos que lo acrediten. Si existen trabajos pendientes, se informa cuáles son, por qué faltan y cuándo serán concluidos. Eso tiene mucho más peso que cualquier calificativo.
A raíz de esta expresión de Turbay, el exalcalde de Cartagena William Dau, ha formulado públicamente interrogantes relacionados con el patrimonio y la trayectoria económica del actual mandatario. La precisión jurídica es indispensable: una pregunta no es una acusación; un señalamiento político no es una sentencia; y una controversia pública no equivale a una conclusión judicial.
Por eso, cualquier cuestionamiento sobre patrimonio debe ser tratado con documentos y no convertido, sin pruebas, en una acusación de corrupción, pero tampoco debería suceder lo contrario: que una pregunta sea descalificada únicamente porque proviene de un adversario político.
La propia Alcaldía de Cartagena registra que Dumek Turbay tiene más de 30 años de trayectoria en los sectores público y privado y relaciona diversos cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera. Precisamente por tratarse de un funcionario con una extensa trayectoria pública, resulta legítimo que la ciudadanía consulte la información patrimonial que legalmente sea pública y formule preguntas sobre los datos disponibles.
Eso no significa acusar. Significa ejercer escrutinio ciudadano y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Preguntar por la evolución patrimonial de un funcionario es una cosa. Afirmar que esa evolución proviene de actividades ilícitas es otra completamente distinta. La primera puede resolverse con información pública. La segunda exige pruebas y, cuando corresponda, la actuación de las autoridades competentes.
Si el alcalde considera que sus contradictores exageran, tergiversan o hablan sin fundamento, tiene a su alcance una herramienta mucho más poderosa que cualquier descalificación: los documentos.
- La Perimetral y el problema de llamar “enemigo” a quien pregunta
El debate tampoco puede quedarse en el patrimonio o en la pelea política entre Turbay y Dau. Hay un ejemplo mucho más concreto: la ampliación de la vía Perimetral hacia el barrio 7 de Agosto.
La propia administración distrital anunció la apertura del tramo para el 12 de septiembre y presentó la nueva conexión como una obra que permitiría mejorar la movilidad entre sectores del suroriente y el norte de Cartagena. La obra fue efectivamente habilitada.
Pero dos días después, ante los cuestionamientos surgidos alrededor del proyecto, el propio alcalde explicó que todavía faltan 218 metros para completar el trazado hasta la carrera 17, debido a una situación relacionada con ocupaciones del área donde debe continuar la construcción.
Decir que la obra fue habilitada no es exactamente lo mismo que decir que todo el proyecto está completamente terminado. Son dos afirmaciones distintas y precisamente por eso resulta válido preguntar. ¿Está funcionando la conexión? Sí.
- ¿La apertura representa una mejora para la movilidad? La administración y otros reportes periodísticos sostienen que sí.
- ¿El proyecto completo tiene todavía un tramo pendiente? Sí, según la explicación entregada por el propio alcalde.
Entonces, ¿por qué convertir el cuestionamiento en una batalla de “bocas”? Una obra puede ser importante y, al mismo tiempo, tener asuntos pendientes. Las dos cosas pueden coexistir.
Reconocer una obra no obliga a ocultar sus problemas. Y señalar un problema tampoco obliga a desconocer todo lo que una administración haya hecho. Ese debería ser el estándar.
Si una administración presenta una obra como un logro, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por su ejecución, sus tiempos, sus costos, sus alcances y aquello que todavía falta. No es sabotaje. No es necesariamente oposición. Es control ciudadano.
Hay algo particularmente peligroso en la política: que el gobernante termine rodeado únicamente de quienes le dicen que todo está bien. Dentro de esa burbuja, cualquier crítica parece ataque, cualquier pregunta parece conspiración y cualquier contradicción parece enemistad.
Cartagena es mucho más grande que una administración, mucho más grande que un alcalde y muchísimo más grande que una pelea entre dirigentes políticos. Los ciudadanos tienen derecho a reconocer las obras que consideran positivas y, al mismo tiempo, cuestionar aquello que consideran deficiente. No hay contradicción en eso.
La democracia no funciona únicamente con aplausos. También funciona con preguntas y si William Dau formula una acusación sin pruebas, deberá responder por lo que afirma. Si un periodista publica una información equivocada, deberá corregirla. Si un ciudadano difunde una falsedad, deberá asumir las consecuencias correspondientes. Pero si alguien formula una pregunta legítima, la pregunta no desaparece porque quien la formule sea incómodo, adversario o crítico del gobierno.
Hay una diferencia fundamental entre defender una gestión y descalificar a quien pregunta. Un gobierno seguro de sus resultados no debería temerle al escrutinio, porque una obra se defiende con resultados, una cifra con documentos y una decisión con argumentos.
Por eso, la discusión no debería reducirse a quién grita más fuerte, quién tiene más seguidores o quién consigue más reproducciones en redes sociales. El poder puede imponer un relato durante un tiempo, pero no puede reemplazar la evidencia.
