Frecuentemente escuchamos a muchos ciudadanos quejarse por representantes con los cuales no se sientes representados, ya sea que ocupen cargos de elección popular o por designación, a pesar que en ocasiones, los mismos quejosos hayan contribuido con su voto a elegir a quienes luego encarnan una defraudación al no llenar las expectativas ni abocar soluciones en beneficio general.
Considerando el escenario que se presenta entre elector y elegido, encontramos una relación de doble vía, donde se crea mutuamente responsabilidad por cada uno de los actores, lo cual conduce a señalar que al escoger a alguien que nos represente ya sea en cargo uninominal o de corporaciones, debemos ser responsable y consiente que estamos endosando nuestra voluntad en un tercero, del cual esperamos que actúe correctamente donde le corresponda, para no defraudar la confianza y oportunidad de representación.
Desafortunadamente la realidad es que hoy encontramos desfigurada esa relación de corresponsabilidad dado que no son pocos los atajos que transitan mutua y simultáneamente tanto electores como elegidos, donde prima fundamentalmente lograr beneficios personales, lo cual se materializa en un sistema clientelar donde la consigna es “que me das a cambio de lo que te ofrezco”, allanando diferentes formas de transacción donde el acto de mayor degradación se configura en la compra – venta directa del voto, llegándose a tomar en muchos casos estas perversas costumbre como algo normal señalándose en algunos espacios que ello no debe sonrosar a nadie.
Ante un escenario como el señalado, donde la quejadera por malos gobernantes cunde por doquier, tanto a nivel nacional como regional, encontramos que la responsabilidad solo queremos atribuírsela a los elegidos, cuando en el fondo se genera una corresponsabilidad al estar actuando como malos electores. En ese orden de ideas bien vale la pena indicar igualmente que en todo ese mar de intereses, donde se sacrifica el bien general por beneficios personales, ha tenido una gran incidencia la desnaturalización de los partidos políticos los cuales se han convertido en su gran mayoría en organizaciones sin ideologías y lo peor sin una disposición ética y moral que neutralice la toma de sus estructuras por personas o micro sociedades electoreras, aliadas en algunos casos con grupos delincuenciales que por medio del dinero y el miedo terminan ejerciendo un dominio desnaturalizando en nuestra democracia.
Observando otra arista de corresponsabilidad como electores, encontramos como al hacer una escogencia inapropiada, basada en la transacción clientelar, una vez el elegido con credencial en mano, se considera sin ningún compromiso de responder al elector, actuando pensando solamente en sus intereses o la de sus financistas, por ello no es raro que en el ejercicio de sus funciones de postular o escoger funcionarios para organismos de control o disciplinarios, se obedezca más a tener aliados que tapen y encubran actuaciones de funcionarios con presuntos dolos de por medio actuando con diferentes raseros para favorecer amigos o aliados políticos.
Valga la pena indicar que tales actuaciones no se dan solamente a nivel local o regional, por el contrario encontramos actuaciones muy cuestionables desde las más altas dignidades del estado, como una muestra diciente, encontramos un reciente caso, cuando desde Presidencia de la República se postuló al abogado, exgobernador de Boyacá, y ex contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, como miembro de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, que reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, siendo elegido por el congreso en pleno. Tal decisión no ameritaría ningún comentario, si el escogido no estuviera inmerso en investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia y dada la investidura nada menos, de ser uno de los siete miembros del nuevo organismo rector disciplinario de los funcionarios de la rama judicial. No ponemos en duda la formación académica y experiencia en el sector público que pueda tener el señor Granados, sin embargo considerando aún la presunción de inocencia, teniendo en cuenta el papel que jugara en nuestro maltrecho sistema de justicia la nueva sala disciplinaria, nos preguntamos ¿No será en estos momentos la decisión adoptada por el postulador como por los congresista que lo escogieron un ejemplo de malos electores? ¿No hubiera sido más sensato, conveniente y ejemplarizante haber postulado y escogido un jurista reconocido y sin ningún tipo de cuestionamiento?
