La misión Kemmerer venida desde los Estados Unidos para América Latina asesoró al estado colombiano en materia económica y fiscal. De ello mediante la ley 42 de 1923 se creó la Contraloría General de la Republica con el objeto de velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas publicas.
Con la constitución de 1991 en su artículo 267 se le asignó la función pública del control fiscal, desarrollándose en la ley 42 de 2003, “el control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes o niveles”.
El control fiscal es la actividad que garantiza el buen manejo de los bienes y recursos públicos de manera transparente, eficiente y eficaz; se logra con procesos técnicos, específicos y precisos. Este es el enfoque a las Contralorías para que mediante el estudio e investigación con profesionales especializados utilizando técnicas y procedimientos, midan los resultados de la gestión del administrador público con criterios confiables. O por lo menos esto en teoría es lo que deben hacer.
Durante algún tiempo las Contralorías ejercieron un control previo de todos los actos de los administradores en las distintas ramas del poder público, lo que derivó en una relativa coadministración y manejo de corrupción, en razón de ello se le asignó el control posterior y selectivo, aunque puedan ejercer la capacidad de alertar hechos que puedan causar lesión en el erario.
¿Dicho lo anterior, vale la pena revisar si efectivamente las contralorías cumplen la función constitucional y legal por las cuales fueron creadas?
Al consultar la opinión de muchos ciudadanos encuentro una inquietud, realmente se realiza el control fiscal en las entidades, si así fuera ¿por qué tanta corrupción o perdida en las entidades del Estado?, lo peor es que la impunidad campea. Recientemente fuimos asaltado por la noticia donde uno de los mayores desfalcos al erario en Reficar, fueron prescritas las acciones contra todos los implicados, algo similar ocurre con Hidrohituango, se abrieron los juicios fiscales pero la cancelación de las aseguradoras de todo el detrimento ocasionado hizo que se perdiera de vista los responsables, cuando la improvisación conllevó a sobrecostos en la obra. Solo por mencionar dos casos recientes, pero los funcionarios sacan pecho de una labor sin justicia, la recompensa a una labor sin éxito son nuevos cargos en el Estado.
A nivel territorial la situación no es diferente, las Contralorías Departamentales o Distritales son responsables de los altos índices de corrupción. El objeto de cumplir la defensa del erario es algo inalcanzable para ellos, toda vez, que su elección es el resultado de componendas y repartijas de poder para actuar en un esquema de complicidad donde todo se oculta ante el ciudadano.
Las contralorías fracasaron en su misión institucional y con ello el intento en reducir la corrupción, resultó peor el remedio que la enfermedad, popularmente se conoce como “el ratón cuidando el queso”. Las entidades de control, en este caso la contraloría ha sido secuestrada por la mal llamada “política” que en la practica es el sistema de complicidades corruptas clientelares. Los hallazgos solo sirven para el chantaje de las personas que participan de la investigación.
Cartagena vivió un reciente escándalo de repartijas de cuotas burocráticas que aún subsisten, de las obras inconclusas existentes nadie aparece responsable, el erario se desangra y para las contralorías todo está bien. La ley 1416 de 2010 estableció para Cartagena como Distrito que el valor de la cuota de auditaje es del 3% de los ingresos corrientes de libre destinación, no solo resulta costosa la cuota de auditaje sino más costosa es el sistema de complicidades con grandes repercusiones en la salud económica del Distrito.
En tiempos como hoy donde abundan sistemas de información, tecnología, conocimiento especializado es algo insólito que las auditorias y esquemas de revisión continúen siendo las de otrora, es claro la necesidad de producir un revolcón institucional y político, donde lo importante sea la garantía romper la perversidad de complot que secuestran la función publica, la ejecución de obras que requiere la sociedad, la política debe devolverse al verdadero sentido de bienestar, la exhortación es a que acabemos con el estado de indiferencia y complicidad tanto en los gobiernos como en la Contraloría.
Cartagena necesita que la ciudadanía actué de manera consciente, el papel que cada uno desarrolle en beneficio de la sociedad revertirá las practicas deleznables del hoy. Este comportamiento traerá respiro a la ciudad, permitirá que los planes, programas, proyectos y demás acciones se cumplan a cabalidad, además generará un comportamiento significativo para alcanzar valores y decisiones asertivas. Lograr lo anterior, es el inicio para que Cartagena tenga futuro.
