El concejal Oscar Marín Villalba del Partido Conservador enfrenta una dura situación en la Contraloría Distrital de Cartagena que adelanta procesos en su contra luego de su paso por el Fondo Territorial de Pensiones entre 2013 y 2015, como funcionario del ex alcalde Dionisio Vélez Trujillo.
La ciudad conoce los 9 procesos que tenía Marín Villalba y que le correspondió dar trámite al actual contralor Fredy Quintero Morales (participante en el concurso que está en la terna de elegibles), de los cuales le quedan 8 ya en estado de imputación, puesto que el primero fue fallado en el mes de enero y el concejal en cuestión tuvo que devolverle al Distrito la suma de $76 millones.
Siendo los otros procesos similares, Marín Villalba, tendría que devolverle a la ciudad una cifra cercana a los $700 millones de pesos en caso de ser declarado responsable fiscal, como ya ocurrió en el primer caso.
A pesar que el concejal Conservador Oscar Marín se declaró impedido para participar en el proceso actual de la elección del Contralor Distrital de Cartagena, (ver video) por los procesos que enfrenta, el cabildante envió un derecho de petición a la Universidad de Cartagena solicitando la hoja de vida y documentación exclusivamente del participante Fredy Quintero Morales, al igual lo hizo también Manuel Ochoa Montes, quién además públicó en redes sociales la información personal de Quintero Morales, vulnerando el principio legal de la reserva, lo cual acaba de ser decretado como tal por el Juzgado Séptimo Penal en fallo de segunda instancia a una acción de tutela impetrada por Ochoa Montes, que detuvo el proceso de manera momentánea.
Los pendientes del concejal Oscar Marín Villalba con la Contraloría no acaban, pues se conoció que próximamente le corresponderá enfrentar el proceso que no prescribió por la reciente ampliación de 5 a 10 años en los plazos de vencimiento de términos de los procesos y este tiene que ver con hechos en FONPECAR
Oscar Marín, como director de la mencionada entidad pagó unos retroactivos pensionales a pesar que estos, se encontraban en un proceso judicial en curso, y que la Corte Constitucional, había ordenado no pagar esas mesadas, hasta que no resolvieran de fondo la situación, dos de esas resoluciones de pagos que son la 6647 y 6648 de 2014.
En su sentencia T–735/15, la Corte Constitucional declaró Improcedentes, carentes de objeto y denegó las tutelas con las que el Fondo de Pensiones en cabeza de Marín Villalba les pagó a 13 personas la suma de más de $5.500 millones de pesos, en pensiones de jubilación y decidió que los dineros no debían ser pagados, porque las reclamaciones no se ajustaban al Acuerdo al que hacían alusión las mismas, además de lo ya expresado.
En este caso particular, se puede leer en la sentencia que, los reclamos de las mencionadas pensiones provenían del año 2006, y el propio Fondo de Pensiones al igual que la Alcaldía de Cartagena de Indias negaban el pago, reconociendo que no eran legales, y Marín Villalba como director respondió lo mismo a la Corte Constitucional, además añadió que pagar esos dineros representaba un gran detrimento patrimonial para el Distrito, y aún habiendo reconocido eso, adelantó los pagos, además teniendo una orden de la Corte Constitucional que le impedía realizarlos.
En indagaciones realizadas, al parecer todos los beneficiarios le firmaron un poder a un abogado para que este cobrara la totalidad de los recursos y luego los distribuyera.
La Corte señala como “extraño” que muy a pesar que quienes reclamaban tenían como lugar de residencia la ciudad de Cartagena de Indias, los fallos de tutela, fueron proferidos en primera y segunda instancia por jueces de municipios bastante lejanos de la ciudad; La Unión y San Marcos Sucre, municipios de Córdoba y Zambrano Bolívar.
Con este panorama no es descabellado pensar en la búsqueda de alianzas estratégicas en la Contraloría Distrital de Cartagena. Consulte fallo de segunda instancia.
